La muerte de Erlin Jeovany Herrera, un joven de 29 años originario de la comunidad de San Nicolás en el municipio de Juticalpa, Olancho, ha generado conmoción e indignación entre sus familiares, quienes acusan a agentes de la Policía Nacional de haberlo golpeado brutalmente durante un operativo.
Según la denuncia de sus parientes a diferentes medios de comunicación local, el joven se encontraba en un billar junto a sus amigos cuando miembros de la Policía Nacional irrumpieron en el lugar como parte de un allanamiento en búsqueda de drogas.
Al intentar huir, Herrera fue perseguido, capturado y, según testigos, golpeado en repetidas ocasiones por los agentes dentro de una patrulla policial.
Producto de la agresión, el joven fue trasladado al Hospital San Francisco, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
El cuerpo del joven hondureño será enviado a Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle una autopsia que esclarezca las causas de la muerte.
Los familiares exigen justicia y responsabilizan directamente a los policías por lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La comunidad se mantiene a la expectativa mientras crecen las voces que exigen una investigación exhaustiva y castigo para los responsables.
Policía involucrada en caso de exceso de fuerza
En Honduras han ocurrido varios casos en los que agentes de seguridad han sido señalados por uso excesivo de la fuerza, muchos de ellos con desenlaces fatales. Uno de los casos más recordados y similares es el de Keyla Martínez, una joven estudiante de enfermería que murió en custodia policial en 2021.
Keyla Martínez, de 26 años, fue detenida en febrero de 2021 por presuntamente violar el toque de queda durante la pandemia en La Esperanza, Intibucá.
Según el informe inicial de la Policía, la joven se habría quitado la vida dentro de una celda. Sin embargo, una autopsia del Ministerio Público determinó que murió por asfixia mecánica, lo que generó sospechas de homicidio dentro de la estación policial.
El caso provocó una oleada de protestas a nivel nacional e internacional, con demandas de justicia y denuncias de abuso policial. A raíz de la presión pública, uno de los agentes fue detenido y vinculado al proceso judicial, aunque el caso aún sigue generando controversias por la lentitud en los avances legales.
