El 14 de septiembre de 2024, al defensor de los bienes comunes Juan Antonio López lo asesinaron en Tocoa, Colón.

Su muerte no solo fue una pérdida humana, sino un golpe a las luchas comunitarias en defensa del territorio hondureño.

A casi un año del crimen, tres hombres enfrentan una audiencia preliminar como presuntos autores materiales. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna acusación formal contra los autores intelectuales, es decir, quienes habrían planificado y financiado el asesinato.

Este jueves, Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía se sentarán ante el tribunal en San Pedro Sula.

Mientras tanto, las organizaciones sociales insisten en que los autores del “segundo y tercer anillo” siguen intactos.

Para los defensores, el proceso parece más un espectáculo que una ruta clara hacia la verdad.

Justicia en el asesinato de Juan López

Adilia Castro, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), afirma que las capturas fueron demasiado rápidas y poco claras.

“Si se dictan sobreseimientos, sería gravísimo. No solo por la impunidad, sino porque mostraría que este proceso fue un montaje para entretenernos”, cuestiona.

La defensa de dos de los imputados insiste en que no existen pruebas que los vinculen al asesinato y pedirán su sobreseimiento definitivo.

Incluso, las pericias telefónicas realizadas con apoyo del FBI parece no arrojan evidencia concluyente, se informó.

Piden actuar en el caso de Juan López

Desde la Diócesis de Trujillo, monseñor Henry Ruiz no oculta su frustración: “Lo que esperamos es que los procedimientos sean inmediatos. Si ya tienen resultados, que actúen”, dijo.

Su voz se suma a la de otros líderes que temen que la lentitud legal prolongue la vulnerabilidad de los defensores del ambiente.

Pero esa incertidumbre la comparte también el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como padre Melo, quien duda que con la coyuntura política actual el caso avance hacia los verdaderos autores intelectuales.

“La sospecha es que esa red criminal que tomó la decisión de asesinar a Juan tiene tentáculos entre figuras empresariales y políticas. Y en un momento como este, no conviene tocarlos. Son parte de los intocables”, lamenta.

Tres anillos, un solo muro de impunidad

Para el padre Melo, la única salida está en la presión social. “Solo esa presión puede abrir el siguiente candado. Se debe llegar a quien pagó a los sicarios. Identificar a los del segundo anillo es el paso para ir por el tercero”, explica.

Ese “tercer anillo” sería el que conectaría, según los defensores, a autoridades políticas y policiales del municipio de Tocoa.

“A ese candado no se le encuentra llave porque involucra a gente políticamente protegida", señaló el sacerdote.

Asegura que quizá solo después de las elecciones la presión social obligue a abrir esa cerradura.

"Es una cerradura que conecta con quienes toman decisiones fuertes dentro de la red criminal empresarial y política”, concluyó.

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Defender el ambiente sigue costando vidas en Honduras

La lucha de Juan López no era aislada: En 2023, tres defensores de Guapinol fueron asesinados; en 2024, fue Juan.

La constante: la impunidad. Las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son apenas simbólicas.

“Mientras persistan las causas que originan estos conflictos, nuestras vidas seguirán en riesgo”, advierte Adilia Castro.

El asesinato de Juan López ya no solo es una herida; es un síntoma de un país donde denunciar puede costar la vida, y donde la justicia no alcanza los despachos donde se firman las órdenes de muerte.