A algunos privados de libertad les quitaron 250 lempiras y les devolvieron tarjetas con saldo de 200. A otros les decomisaron 150 lempiras y únicamente recibieron tarjetas de 100. Algunos más denunciaron que nunca volvieron a ver ni el efectivo ni las tarjetas que supuestamente sustituían el dinero dentro de prisión bajo el modelo de el economato.
Las quejas quedaron registradas en un informe elaborado por jueces de Ejecución desde el 11 de junio de 2025.
Esto tras inspecciones realizadas en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, donde se documentaron denuncias sobre el funcionamiento del sistema de economato y tarjetas implementado en cárceles hondureñas.
El documento, obtenido por tunota.com, cobra relevancia luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre el manejo del dinero dentro de los economatos penitenciarios.
Sin embargo, detrás de aquella narrativa institucional, los jueces ya advertían un problema mayor: el mecanismo operaba sin regulación clara, sin controles transparentes y con vacíos que podían abrir una puerta a la corrupción.
Meses después, el sistema terminaría bajo sospecha por un faltante de hasta ocho millones de lempiras en el economato de la cárcel de Támara.
Ese fue un sistema que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) presentó públicamente como un avance para modernizar la administración dentro de las cárceles.
El mecanismo operaba sin regulación clara, sin controles transparentes y con vacíos que podían abrir espacio a abusos y corrupción.
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Economato: dinero decomisado y tarjetas sin explicación
Los economatos penitenciarios funcionan como pequeñas tiendas o comisariatos dentro de las cárceles hondureñas, donde los privados de libertad adquieren productos básicos para sobrevivir en prisión.
Con esas tarjetas compran , desde alimentos complementarios y artículos de higiene personal hasta productos de limpieza.
Para miles de internos, estos espacios representan la única vía para obtener insumos que muchas veces no son cubiertos por el sistema penitenciario, utilizando dinero enviado por sus familias desde el exterior.
El informe de los jueces recoge testimonios de internos que denunciaron inconsistencias entre el dinero entregado y el saldo reflejado en las tarjetas que recibían para comprar productos básicos dentro de los economatos.
Los internos también denunciaron que en algunos casos el dinero en efectivo les fue decomisado sin recibos y que nunca recibieron explicación sobre el saldo restante.
Incluso, un grupo de privados de libertad aseguró que durante los traslados al penal de Ilama les retuvieron cerca de ocho mil lempiras en conjunto, dinero que —según denunciaron— nunca les devolvieron.
“Desconociéndose hasta ese momento el fin que le dieron al dinero”, señala el informe de los jueces.
El sistema que ya generaba alertas
El informe también cuestionó la legalidad del modelo de tarjetas utilizado dentro de los economatos penitenciarios.
Los jueces concluyeron que esa modalidad no estaba regulada ni en la Ley del Sistema Penitenciario ni en su reglamento, pese a que ya operaba dentro de distintos establecimientos penales.
Además, recordaron que la legislación únicamente restringe totalmente el uso de dinero a internos clasificados en máxima seguridad.
Para privados de libertad en regímenes de mínima y mediana seguridad, la ley sí permite mantener efectivo bajo ciertos límites.
Pese a ello, los internos denunciaron decomisos de dinero y sustitución por tarjetas cuyo manejo no tenía controles claros.
El informe también advirtió que no existía información transparente sobre cómo funcionaban realmente el economato ni sobre el origen del dinero utilizado para adquirir los productos vendidos dentro de prisión.
“Una puerta a la corrupción”
Uno de los puntos más delicados del documento es la advertencia directa que hacen los jueces sobre los riesgos del sistema.
La resolución señala que el administrador del economato debía tener un “control indubitado”, (sin dudas), del dinero entregado por los internos y sus familias mediante las tarjetas.
Caso contrario, se estaría “abriendo una puerta a la corrupción y a la vulneración del derecho a la propiedad”.
Los jueces remarcan que la mayoría de privados de libertad no generan ingresos dentro de prisión, por lo que el dinero utilizado en los economatos proviene directamente de sus familias.
Madres, esposas y familiares terminaron sosteniendo un sistema cuya operación, según el documento, carecía de mecanismos transparentes de auditoría y control.
Por ello, la resolución judicial ordenó desde junio de 2025, implementar sistemas de facturación, auditorías internas y externas, controles informáticos diarios sobre compras y ventas.
También solicitaron una reglamentación específica sobre el uso de tarjetas dentro de los economatos penitenciarios.
El contraste con el discurso oficial
Mientras esas advertencias se plasmaron en informes judiciales, el INP promovía públicamente el modelo de economatos y tarjeta.
Lo vendieron como uno de los grandes logros en materia de modernización del sistema penitenciario.
En noviembre de 2025, el INP aseguró que el funcionamiento de los economatos permitía mejoras dentro de los centros penales.
Incluso, afirmaron que realizaron inversiones en infraestructura y sistemas de refrigeración en cárceles como La Tolva.
Pero detrás de la narrativa oficial, las alertas judiciales ya estaban escritas. Los jueces advertían que el sistema funcionaba sin regulación específica.
Hay denuncias de dinero retenido sin comprobantes y con riesgos de opacidad es un dinero que en gran parte, proviene de familias de escasos recursos.
Puedes cerrar con algo así, más narrativo, potente y conectando la advertencia judicial con lo que ocurre ahora.
Hoy, aquellas advertencias judiciales adquieren otra dimensión al revelarse las posibles irregularidades.
Ese manejo habría provocado un faltante de hasta ocho millones de lempiras en la cárcel de Támara, donde el modelo terminó siendo suspendido.
Sin embargo, el sistema del economato continúa operando en otros centros penales del país.
Las investigaciones ya comenzaron y apuntan a determinar responsabilidades dentro del INP.
Esa es una estructura que, según se informó, funcionó bajo la administración directa de cada director penitenciario.
Lo que en 2025 quedó escrito como una alerta sobre falta de controles, dinero sin trazabilidad y riesgos de corrupción, ahora amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos alrededor del manejo financiero dentro de las cárceles hondureñas.
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