El 4 de junio, Cándida Ramírez López, una mujer hondureña que huyó de su país en busca de protección tras años de violencia doméstica, acudió puntualmente a una cita rutinaria con el contratista de ICE que supervisa su libertad.

Era parte del protocolo del programa bajo el cual debía cumplir controles mientras se resolvía su solicitud de visa U, una protección para víctimas de crímenes que cooperan con la justicia en Estados Unidos.

Pero esa cita se convirtió en una trampa. La separaron de su abogado sin previo aviso y la detuvieron sin explicación clara.

Poco después, desapareció del sistema de localización de detenidos del ICE. Nadie sabía dónde estaba.

La angustia creció entre sus allegados, mientras los registros solo mostraron que la trasladaron sin dejar huella.

Hondureña que huyó del miedo

Cándida llegó a Estados Unidos, escapó de su esposo abusivo en Honduras. No era una inmigrante irregular más: en 2021, ya en Estados Unidos, denunció un intento de violación ante el Departamento de Policía de Nueva York.

Su testimonio fue clave para abrir una investigación, y por ello solicitó una visa U, una herramienta migratoria diseñada para proteger a quienes, como ella, colaboran con la justicia.

A pesar de ello, ICE la detuvo mientras su solicitud seguía pendiente.

Celdas frías, traslados y una defensa incansable

Luego de su detención, a Cándida la encerraron en el número 26 de Federal Plaza, en Manhattan.

Pasó varias noches durmiendo en el suelo. De allí la trasladaron a Nueva Jersey y, posteriormente, la enviaron al Centro de Detención por Contrato de Houston, Texas.

Su abogado presentó un recurso de hábeas corpus el 6 de junio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Denunció su detención arbitraria y exigió su regreso. El caso fue asignado a la jueza federal Jeannette A. Vargas, quien actuó con firmeza.

El 20 de junio de 2025, en un fallo contundente, la jueza ordenó el regreso inmediato de Cándida a Nueva York.

Su liberación bajo los mismos términos de supervisión que tenía antes de ser arrestada, y la suspensión temporal de cualquier intento de deportación hasta resolver el fondo de su caso.

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Un precedente y una advertencia

La historia de la hondureña no solo evidencia los vacíos del sistema migratorio de Estados Unidos, sino también los riesgos que enfrentan quienes, aun teniendo una solicitud válida y cooperación con la justicia, los remueven sin el debido proceso.

La orden judicial marca un precedente y un recordatorio de que incluso en medio de un sistema migratorio estricto, los derechos fundamentales deben prevalecer.