El juicio por jurado contra el empresario Carl Allan Zaglin comenzó el 2 de septiembre de 2025 ante la jueza Jacqueline Becerra en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
El proceso penal, que podría desenmascarar una compleja red de sobornos y lavado de dinero con ramificaciones en Honduras, arrancó con declaraciones de apertura, una batería de pruebas y el testimonio del primer testigo del gobierno.
Zaglin enfrenta tres cargos federales: conspiración para cometer lavado de activos, soborno a funcionarios públicos extranjeros y fraude electrónico, en el marco de una investigación que sigue la pista de contratos irregulares y pagos encubiertos.
Loren Simpson, primer testigo contra Zaglin
En este primer día, el gobierno presentó ante el jurado a su primer testigo, Loren Simpson, quien prestó juramento y declaró bajo instrucciones preliminares de la jueza.
Aunque los detalles del testimonio no se han hecho públicos aún, su participación marca un paso crucial para la narrativa de la fiscalía.
Junto al testimonio de Simpson, se admitieron más de 15 piezas de evidencia, entre ellas documentos financieros.
También, correos electrónicos, registros de contratos y archivos codificados, que podrían probar el patrón delictivo en el que estaría involucrado el acusado.
Las pruebas están numeradas como: 1-5, 50, 50T, 102, 102A, 102B, 105A, 105AA, 120, 126, 281, 283, 283A y 283B.
En el segundo día del juicio, este 3 de septiembre, Loren Simpson continuó con su testimonio ante el jurado, ampliando detalles sobre las transacciones y relaciones comerciales que, según la Fiscalía, evidencian el esquema de corrupción en el que estaría implicado Carl Allan Zaglin.
Su declaración es clave para sustentar las acusaciones de soborno y lavado de activos vinculados a contratos financiados con recursos de la Tasa de Seguridad en Honduras.
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Un equipo legal robusto y un caso de alto perfil
El juicio prosiguió este miércoles 3 de septiembre desde las 9:00 a.m., cuando continuaron los testigos de la Fiscalía.
El nombre de Carl Zaglin surgió en investigaciones vinculadas a contratos públicos en Honduras.
La Fiscalía refiere que el empresario habría ofrecido pagos ilegales a funcionarios a cambio de beneficios empresariales.
Las investigaciones del Departamento de Justicia señalan que parte del dinero sucio se habría canalizado a través de estructuras financieras en Estados Unidos.
Aunque aún no se revelan los nombres de los supuestos beneficiarios hondureños de estos pagos.
Los analistas esperan que el juicio permita conocer más sobre las conexiones empresariales y políticas detrás del esquema.
