Para el 2 de septiembre de 2025 está previsto el inicio en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, el juicio contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, de 68 años. Según la acusación, Zaglin habría pagado sobornos millonarios a funcionarios hondureños de la Tasa de Seguridad Poblacional, conocida como el "Tasón", a cambio de contratos para elaborar uniformes de la Policía Nacional de Honduras.
Previo a ese arranque, este jueves 28 de agosto se realizará una audiencia clave para discutir las mociones presentadas por la Fiscalía y la defensa, que determinarán qué pruebas y argumentos podrán usarse en el juicio.
En esta audiencia también se confirmará el inicio del juicio o, en su defecto, la jueza podría disponer un cambio de fecha.
Los contratos y sobornos millonarios
Los documentos judiciales revelan que, entre 2015 y 2019, la empresa de Zaglin, identificada como Georgia Company 1, obtuvo contratos con la Tasa de Seguridad por más de 10 millones de dólares para abastecer de uniformes y accesorios a la Policía Nacional.
- En junio de 2015 se firmó el primer contrato por 4.8 millones de dólares.
- Para octubre de 2016, un segundo contrato se adjudicó por 5.6 millones de dólares.
- En 2019, la empresa presentó una oferta para un tercer contrato de 7.5 millones de dólares, que incluía un 20 % del valor en sobornos para funcionarios hondureños.
El plan consistía en inflar los contratos con un “fondo administrativo” o comisiones que en realidad eran la fuente de los pagos ilegales.
Cómo fluyó el dinero de la Tasa de Seguridad
La Fiscalía sostiene que Zaglin utilizó como intermediario a Aldo Néstor Marchena, un asesor financiero en Miami, quien firmó contratos ficticios de corretaje para disfrazar los sobornos.
El dinero se movió a través de cuentas en Estados Unidos, Belice y Honduras y, según los fiscales, permitió entregar más de 2.4 millones de dólares en sobornos y pagos ilegales a funcionarios hondureños.
Entre esos funcionarios figuran: Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, vinculados directamente a la administración de la Tasa de Seguridad.
Las mociones en disputa en el juicio por sobornos
De cara al juicio, la Fiscalía de Estados Unidos pidió al tribunal que:
- Se admitan grabaciones de audio en las que Zaglin y sus socios discuten cómo estructurar los pagos.
- También que se prohíba a la defensa alegar que los sobornos eran “práctica común” en Honduras.
- Y que se impida introducir pruebas sobre el “buen carácter” del acusado o las consecuencias personales de una condena.
Por su parte, la defensa de Zaglin presentó una moción para desestimar los cargos, alegando que los pagos que señalan no fueron sobornos, sino gratificaciones posteriores a los contratos.
En su argumentación, se apoyan en un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. (Snyder v. United States, 2024) que diferencia entre sobornos y pagos hechos después de un acto oficial ya cumplido.
Además, señalaron que la acusación contradice la Orden Ejecutiva emitida en febrero de 2025 por el presidente Donald Trump, que cuestionó los abusos en la aplicación del FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero).
Los testigos que marcarán el juicio contra Carl Zaglin
De cara al juicio contra Carl Alan Zaglin, la Fiscalía propuso un total de 17 testigos que serán determinantes para esclarecer cómo operó el esquema de sobornos que se vincula a los contratos de uniformes para la Policía Nacional de Honduras.
Entre ellos destaca Gabriela Salgado, quien fungía como suplente del comité técnico que administraba el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Su testimonio se perfila como uno de los más relevantes para detallar el funcionamiento de los contratos y la supervisión de los fondos.
También figura Francisco Roberto Cosenza Centeno, expresidente del Comité Técnico del fideicomiso y uno de los principales involucrados.
A Cosenza lo extraditaron a Estados Unidos en julio de 2024 y recientemente admitió que recibió sobornos en el ejercicio de su cargo.
Otro testigo de alto perfil será el hondureño Juan Ramón Molina Rodríguez, quien fungió como coordinador del fideicomiso y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La lista de testigos incluye además a exfuncionarios y personas vinculadas al manejo de la Tasa de Seguridad, así como a intermediarios que participaron en la canalización del dinero.
Sus declaraciones podrían reforzar la tesis de la Fiscalía de que los sobornos fueron planificados y ejecutados como parte de un esquema de corrupción transnacional.
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Lo que se juega en el tribunal de Florida
La audiencia del 28 de agosto es decisiva para definir el terreno en el que se desarrollará el juicio.
Lo que resuelva el juez marcará el rumbo de un caso que expone no solo a un empresario estadounidense, sino también a funcionarios hondureños señalados de recibir sobornos a través de contratos financiados por la Tasa de Seguridad, un fondo creado para fortalecer la protección ciudadana.
Si se mantiene el inicio del juicio programado para el 2 de septiembre, el caso de Carl Zaglin se perfila como una ventana para entender cómo el dinero destinado a la seguridad en Honduras cruzó fronteras en forma de sobornos millonarios.
