Este miércoles es el segundo día del juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Florida contra Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la compañía Atlanco, acusado de sobornos en contratos de la Tasa de Seguridad.
El juicio no solo gira en torno a documentos, audios y registros bancarios, sino que también está marcado por la participación de 17 testigos que podrían ser determinantes para que un jurado lo declare culpable de corrupción y lavado de activos.
Zaglin y la voz de quienes estuvieron dentro
El caso se fortalece con testimonios internos. Uno de ellos es Luis Berkman, ex vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, a quien condenaron en un caso distinto y ahora colaborará con la Fiscalía.
Declarará cómo se pactaron pagos disfrazados de comisiones para sobornar a funcionarios hondureños.
Lo respaldará Scott Haygood, exdirector financiero (CFO) de la empresa, quien advirtió sobre pagos sospechosos a intermediarios.
Y también, Bryan Berkman, hijo de Luis y extrabajador de Atlanco y TPG, quien confirmará que los sobornos se discutían y coordinaban como parte de la estrategia comercial.
El lavador que lo sabe todo sobre sobornos a hondureños
La figura clave será Aldo Néstor Marchena, lavador profesional, extraditado desde Colombia tras huir de una condena previa en Estados Unidos.
Operó como el engranaje financiero que movió más de dos millones de dólares en sobornos desde cuentas en Florida hacia funcionarios hondureños.
Su testimonio promete revelar los vínculos directos entre Zaglin y las transferencias ilícitas.
Los funcionarios que recibieron el dinero de la Tasa de Seguridad
Dos exfuncionarios de la Tasa de Seguridad Poblacional, la unidad hondureña que adjudicó los contratos de uniformes, también confesaron.
Francisco Cosenza, exdirector ejecutivo extraditado desde Honduras, y Juan Ramón Molina, exdirector titular, aceptaron haber recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos millonarios a Atlanco.
Ambos firmaron acuerdos de culpabilidad y se espera que relaten cómo recibieron el dinero mediante empresas pantalla como Sky Max Leasing y qué papel jugó cada actor del esquema.
¿Quién es Gabriela Salgado y por qué importa?
Gabriela Salgado, exempleada de la Tasa de Seguridad y posteriormente trabajadora de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, está también en la lista de testigos.
Su papel es crucial: explicará cómo se creó la Tasa de Seguridad Poblacional, cómo operó como un ente público y por qué sus directivos se consideraron funcionarios extranjeros bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Aunque no hablará de pagos directos, su testimonio dará el marco legal que legitima las acusaciones de corrupción contra Zaglin.
La base jurídica y la ley hondureña
Para sustentar la acusación de lavado de dinero vinculado a delitos en Honduras, la Fiscalía llamará al experto Keith Rosenn, profesor de derecho.
Él explicará ante el juez, no ante el jurado, los artículos del Código Penal hondureño que tipifican la corrupción activa y pasiva. Su participación será esencial para validar el cargo tres de la acusación.
Agentes, analistas digitales y contadores forenses en el juicio
Siete testigos más, entre ellos agentes de Homeland Security, analistas digitales y contadores forenses, ayudarán a validar evidencias técnicas como correos electrónicos, audios interceptados, rutas de viaje, registros financieros y resúmenes de flujo de fondos.
Michael Petron, contador forense, expondrá gráficos detallados de cómo el dinero fluyó desde Atlanco hasta las manos de los funcionarios.
Mientras tanto, David Keyes y otros agentes autenticarán registros obtenidos mediante asistencia legal internacional.
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Una estrategia que se puede derrumbar
Con 17 voces dispuestas a declarar bajo juramento, la defensa de Carl Zaglin enfrenta un camino estrecho.
La Fiscalía logró conectar los puntos entre el dinero, los contratos y los beneficiarios. La suma de testimonios de dentro y fuera de la empresa, del Estado hondureño y del aparato federal, podría ser suficiente para sellar su condena.
Este juicio no solo busca justicia en un caso de corrupción transnacional, que podría sentar un precedente, sino que permitirá comprender cómo se desmantelan los esquemas que vulneraron las instituciones públicas en Honduras.
