El juicio que se reanuda este 21 de noviembre no solo es un trámite judicial, es el intento de una comunidad de El Negrito, Yoro, por comprender cómo una estructura criminal pudo operar durante años dejando a su paso 11 asesinatos sin respuesta inmediata.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida vuelve a escena con un expediente que lleva más de una década acumulando dolor, nombres y fechas que no se olvidan.

La Operación Olomán, ejecutada el 30 de agosto de 2018, permitió capturar a catorce personas tras 21 allanamientos que revelaron más que armas o evidencia.

Fue una operación que destapó una historia de control territorial y miedo que durante siete años marcó a familias enteras.

Juicio y memoria: el peso de once asesinatos

En esta etapa del juicio, la Fiscalía presentará pruebas que vinculan a los acusados con crímenes cometidos entre 2009 y 2016.

Son once casos que aún recuerdan en El Negrito, donde cada familia no olvida la fecha exacta en que su rutina se quebró para siempre.

Los agentes fiscales aseguran que la estructura no solo operó organizada, sino con un nivel de violencia planificado que dejó huellas profundas.

El desafío ahora es reconstruir esos hechos ante un tribunal, paso a paso, sin perder detalle.

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Testigos que vuelven al centro de la escena

Para esta fase del juicio, la presencia de testigos protegidos es crucial. Bajo los nombres clave “Bladimir”, “Erika” y “Habacuc”, además de la testigo Iris Isabett Elvir Madrid, se intenta revivir momentos que nadie quisiera recordar, pero que son indispensables para que la justicia avance.

Serán ellos quienes, en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, relaten lo que vieron.

Dirán lo que supieron y lo que durante años los obligó a callar bajo el temor a represalias.

Los acusados frente al tribunal

En el banquillo se encuentran Héctor Rodolfo López Borjas, Marlon Javier Oliva García y Neptaly Miranda Ayala, procesados por asociación para delinquir y asesinato en perjuicio de Marco Antonio Chávez y Carlos Alfredo Soriano Benítez.

Sus nombres, conocidos en la zona desde hace años, vuelven a mencionarse ahora bajo otra luz: la que exige el juicio, el debido proceso y una verdad que tardó demasiado en llegar.

Mientras el juicio se reinicia, las familias esperan algo más que una sentencia: buscan que su historia se reconozca, que sus muertos no queden en estadísticas y que se asuma, finalmente, que la violencia que vivieron no fue una casualidad.

La esperanza es que esta etapa arroje claridad, compromisos y un mensaje contundente: en Yoro, aunque pasaron años, la verdad es necesaria.