Durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro se ha ordenado una intervención en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema); Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); el Servicio Civil; el Sistema Nacional de Emergencias 911 y más recientemente el sistema penitenciario del país.

Para el analista político, Raúl Pineda, estas son prácticas utilizadas por las máximas autoridades de Gobierno para derivar las responsabilidades en otros.

"Es un mecanismo para derivar la responsabilidad en otros, sabiendo de antemano que se va a fracasar. Las experiencias históricas de las intervenciones en Honduras han sido negativas", declaró Pineda.

Desde enero de 2010 a enero de 2022 los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010 -2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), ambos del Partido Nacional (PN), nombraron 31 juntas interventoras.

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Esta medida, según explica el especialistas en temas de gobernanza, Héctor Soto, es tomada cuando el problema supera la capacidad de respuesta estatal.

"Estas intervenciones que se anuncian desde la Presidencia -de Honduras- no van acompañadas de un retiro de los liderazgos ministeriales; lo cual sugiere que no hay una pérdida de confianza del Ejecutivo hacia las diferentes carteras", sostuvo Soto.

La opinión de analistas y expertos concuerda en la necesidad de acelerar la evaluación por resultados que genera los cambios necesarios en las instituciones intervenidas. Esto, con el propósito de generar políticas públicas funcionales.

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