El jurado continuará deliberando el lunes en el caso de Carl Zaglin, el empresario de Georgia acusado de transformar los sobornos en el motor de su negocio.

Tras ocho días de juicio, el panel de 12 miembros cerró la semana sin acuerdo, dejando en suspenso el futuro del dueño de Atlanco, señalado por el Departamento de Justicia de entregar cientos de miles de dólares a funcionarios hondureños a cambio de contratos de uniformes policiales.

Según la fiscalía, al menos dos exdirectores de la Tasa de Seguridad recibieron pagos ilícitos que terminaron por corromper un sistema creado para fortalecer la seguridad de Honduras.

Fiscalía expuso al jurado que sobornos era modelo de negocio

Durante los alegatos finales, el Departamento de Justicia sostuvo que Zaglin convirtió los sobornos en su estrategia empresarial.

Según el fiscal Peter Cooch, el acusado “prometió, pagó y autorizó sobornos” para asegurar contratos por más de 10 millones de dólares con la Tasa de Seguridad Poblacional.

Este es un fideicomiso que se creó para financiar proyectos de seguridad en Honduras. En el juicio hubo grabaciones, transferencias bancarias y testimonios.

El dinero lo canalizaron a través de intermediarios, empresas fachada y cuentas bancarias en Belice y Estados Unidos.

Testigos que revelaron el esquema

Varios excolaboradores de Atlanco y banqueros detallaron cómo operaba el plan:

  • Aldo Marchena, exbanquero condenado, confesó que pagó sobornos siguiendo instrucciones de Zaglin y sus socios.
  • Luis y Bryan Berkman, vinculados a la empresa, admitió que prepararon acuerdos falsos y transferencias para desviar dinero a funcionarios hondureños.
  • Juan Ramón Molina Rodríguez, exfuncionario, reconoció que recibió $114,000 en su empresa beliceña.

En paralelo, grabaciones de 2019 reproducidas en el tribunal muestran que Zaglin aprobó pagos y aceptó que los sobornos formaron parte de los contratos.

La defensa de Zaglin: sin intención criminal

El abogado defensor, Craig Gillen, sostuvo que su cliente actuó con base en asesoría legal y sin intención criminal.

Argumentó que Zaglin buscó cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que las comisiones a corredores eran prácticas permitidas.

Además, cuestionó la credibilidad de los testigos, a quienes acusó de modificar sus relatos en vísperas del juicio.

Según Gillen, fueron los colaboradores de Atlanco quienes se enriquecieron a espaldas de Zaglin.

“Si realmente fuera el jefe de un esquema criminal, ¿por qué habría consultado con abogados cada paso del proceso?”, preguntó al jurado.

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Honduras en el centro del caso

Más allá del debate judicial en Estados Unidos, el caso expone cómo la Tasa de Seguridad, un fondo creado en Honduras para combatir la criminalidad, se vio corrompida con pagos ilícitos que desviaron su propósito original.

La fiscalía sostiene que esa confianza pública se traicionó y que Zaglin jugó un papel clave en esa red.

El lunes, los 12 miembros del jurado volverán a la sala de deliberaciones para definir el futuro de Carl Zaglin.

Si lo declaran culpable, el empresario podría enfrentar la prisión. La decisión marcará no solo el desenlace personal del dueño de Atlanco, sino también los sobornos transnacionales que golpean a Honduras desde dentro de su propio sistema de seguridad.