Mientras las autoridades consideran mecanismos para indemnizar a los afectados por Koriun Inversiones, dos reconocidos juristas hondureños —el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos y el exfiscal Aldo Santos— lanzan una advertencia contundente: pagar con fondos públicos los daños de una "red criminal" sería ilegal, inconstitucional y abriría un precedente peligroso.

Ambos coinciden en que funcionarios públicos que impulsen esta medida podrían enfrentar consecuencias penales por encubrimiento, malversación de caudales públicos y complicidad en delitos de estafa.

Y es que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para apoyar con fondos del Presupuesto Nacional a unos 35 mil hondureños afectados por Koriun Inversiones.

"Serían cómplices del delito"

Juan Carlos Barrientos, entrevistado este sábado en TN5 Matutino de Canal 5, fue categórico al afirmar que el Estado no puede legal ni moralmente asumir las pérdidas causadas por una estructura criminal no regulada.

"Si el Estado se mete a eso, o los funcionarios del Estado se meten a eso, van a ser cómplices o encubridores del delito de estafa, de fraude, van a cometer delito de malversación de caudales públicos porque están disponiendo de los dineros públicos del Estado en cuestiones de tipo particular", advirtió.

Barrientos señaló que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ya había advertido en un comunicado oficial, emitido en febrero de 2025, que Koriun estaba captando dinero de manera ilegal, y que tales fondos no estaban protegidos por ningún fondo estatal de garantía.

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"Ellos mismos dijeron que esa captación no puede estar asegurada, que no está respaldada, que no es legal. ¿Entonces cómo es posible que ahora quieran pagarle a la gente?", cuestionó.

"Pagar por un delito sería malversar fondos públicos"

Barrientos también cuestionó el fundamento legal y ético detrás de cualquier decreto ejecutivo o decisión legislativa que busque utilizar recursos públicos para cubrir estafas privadas.

"Están disponiendo de los dineros públicos del Estado en cuestiones de tipo particular y con el agravante de que son cosas delictivas. Están pagando por un delito", enfatizó.

Y agregó una advertencia más amplia: "Eso abre las puertas a un funesto precedente donde mañana puede surgir otra red de estafadores y, tras engañar a la gente, el Estado terminaría pagándoles. Es inaceptable".

Aldo Santos: "Un trato inusual y negligencia"

Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público, Aldo Santos, en entrevista con Diario Matutino de radio HRN, también calificó como inédito e irregular el manejo del caso Koriun Inversiones por parte del Estado, señalando trato preferencial, omisión institucional y una debilidad grave en la conservación de pruebas.

"Estamos ante un delito de estafa en masa... y hay un trato inusual, por ejemplo, ordenar devolver elementos probatorios como el dinero encontrado en bolsas, cajas y casas. Eso en 32 años de mi experiencia como abogado, y 28 en el área penal, nunca lo había visto", declaró el exfiscal.

A su vez, criticó la falta de reacción de las entidades como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Procuraduría General de la República (PGR) y el propio Ministerio Público.

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"Yo veo cierta ineptitud y negligencia institucional. Que este individuo (Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones) haya estado captando fondos durante años sin reacción alguna es gravísimo", cuestionó.

También indicó que queda a criterio de los funcionario de estas instituciones si deben renunciar para permitir una investigación profunda del caso porque "prácticamente hay una omisión en el cumplimiento de funciones".

Llamado a una investigación nacional

Ambos expertos coinciden en que, en lugar de comprometer fondos del Estado para pagar a hondureños que bajo su responsabilidad confiaron en Koriun Inversiones, debería marcar el inicio de una investigación a nivel nacional para detectar si existen otras estructuras piramidales operando en el país.

"Es innegable que podrían existir más negocios operando bajo este modelo fraudulento, el cual representa un grave peligro para el país", concluyó Santos.

Inicios de Koriun Inversiones

La financiera inició operaciones con autorización municipal de Choloma, Cortés, en el norte de Honduras, y rápidamente se expandió a otras ciudades captando alrededor de 400 millones de lempiras de al menos 35 mil personas.

Los inversionistas fueron atraídos por altas tasas de interés, que prometían hasta un 20% mensual o un 5% semanal.

Actualmente, el gerente de la empresa, Iván Velásquez, y su esposa, Kefy Gavarrete, enfrentan detención judicial mientras son investigados por lavado de activos, en el marco de una investigación más amplia que apunta a una estructura criminal organizada.

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