El dinero incautado en el caso Koriun Inversiones quedó excluido de una reforma que permite al Estado hondureño distribuir anticipadamente recursos bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La disposición figura en el Decreto Legislativo 227-2026, publicado el 31 de octubre en el diario oficial La Gaceta, que reforma el artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
La nueva legislación autoriza al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) a distribuir hasta el 100 % de determinados activos líquidos legalmente incautados, incluso antes de una sentencia definitiva.
Sin embargo, el decreto establece una excepción expresa para los recursos relacionados con Koriun Inversiones, el caso que involucra fondos entregados por numerosos aportantes a esa empresa.
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Dinero incautado: quiénes recibirán los fondos
La reforma establece que los recursos autorizados para distribución se repartirán entre siete instituciones vinculadas con la seguridad, la investigación y la administración de justicia.
La Secretaría de Defensa Nacional recibirá el 25 % y la Secretaría de Seguridad otro 25 %, ambas concentrarán la mitad del dinero distribuido.
Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial recibirán un 15 % cada uno, mientras que la OABI tendrá asignado un 10 %.
Además, el 5 % corresponderá al área de Inteligencia e Investigación y otro 5 % a la Agencia Nacional Contra el Crimen.
La distribución deberá contar con un acuerdo motivado del CNDS y cumplir las garantías legales correspondientes.
Koriun y los fondos protegidos por la reforma
La exclusión de Koriun cobra relevancia mientras continúa el proceso judicial contra personas vinculadas a la financiera, investigada por un presunto esquema piramidal.
Según el Ministerio Público, miles de personas entregaron dinero a la empresa, que operaba mediante sucursales en distintas regiones de Honduras.
El 3 de noviembre, las autoridades informaron sobre la detención judicial de un sexto implicado, quien habría administrado la sucursal de La Entrada, Copán.
El expediente también involucra al gerente de Koriun, su esposa y antiguos administradores de sucursales. Los cargos incluyen lavado de activos y asociación para delinquir.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el dinero incautado en este caso permanecerá fuera del mecanismo de distribución anticipada establecido en la reforma.
El Estado tendrá que devolver el dinero si lo ordena un juez
El Decreto 227-2026 también establece obligaciones para la Secretaría de Finanzas cuando se autorice utilizar anticipadamente recursos incautados.
Antes de transferirlos, Finanzas deberá registrar una obligación contingente de restitución y adoptar las previsiones presupuestarias correspondientes.
Si posteriormente un tribunal ordena devolver los fondos, el Estado deberá garantizar el reintegro íntegro del capital, los intereses y demás conceptos legalmente aplicables.
Asimismo, la ley prohíbe distribuir recursos cuando su utilización pueda afectar los derechos de víctimas, terceros de buena fe u obligaciones derivadas de la cooperación jurídica internacional.
La distribución anticipada tampoco convierte los bienes incautados en propiedad definitiva del Estado. Esa decisión continuará bajo competencia judicial.
Sesenta días para establecer las reglas del reparto
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá 60 días hábiles, contados desde la entrada en vigor del decreto, para aprobar su reglamento.
La OABI y la Secretaría de Finanzas deberán elaborar conjuntamente la propuesta que regulará los procedimientos de distribución, transferencia y devolución.
Además, el reglamento deberá establecer mecanismos de trazabilidad, transparencia, fiscalización, evaluación de riesgos y rendición de cuentas.
Las contrataciones financiadas con estos recursos se sujetarán al procedimiento especial contemplado en el artículo 70 de la legislación reformada.
Así, mientras siete instituciones podrán recibir anticipadamente dinero incautado, los fondos del caso Koriun permanecerán excluidos de ese reparto por disposición expresa de la ley.
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