La Dirección General de Protección al Consumidor abrirá un proceso administrativo contra dos establecimientos de lavado de vehículos en Tegucigalpa, tras encontrar presuntas irregularidades durante una inspección.
El caso surgió luego de que un cliente denunciara el cobro de 1,800 lempiras por limpiar su automóvil.
Durante la revisión, los inspectores identificaron incumplimientos en ambos negocios, por lo que las autoridades los citarán para que respondan dentro del procedimiento correspondiente.
Las medidas podrían incluir sanciones económicas, según la gravedad de las faltas y los antecedentes de cada establecimiento.
El caso también pone sobre la mesa los mecanismos que tienen los consumidores para reclamar cuando consideran que un servicio no cumple con lo esperado.
Además, la institución explicó qué debe presentar el afectado si busca recuperar el dinero que pagó por el lavado.
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Protección al Consumidor sancionará a dos car wash
Las anomalías se detectaron tanto en el negocio señalado por el cliente como en otro establecimiento ubicado a su lado. Una de las faltas consistió en no contar con un libro de quejas autorizado, herramienta que permite registrar formalmente los reclamos de los usuarios.
Según explicó el director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, las multas por este tipo de infracciones pueden ir desde uno hasta 10,000 salarios mínimos. Sin embargo, el monto que corresponda a cada negocio dependerá de la evaluación del caso y de sus antecedentes ante las autoridades.
La inspección se realizó después de que un ciudadano publicara en redes sociales su inconformidad por pagar 1,800 lempiras por el lavado de su vehículo y cuestionara el resultado del servicio.
El funcionario aclaró que las irregularidades detectadas permiten iniciar el procedimiento administrativo, aunque el cliente no presente una denuncia formal por la atención recibida.
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El consumidor que solicite recuperar el dinero deberá presentar un reclamo ante Protección al Consumidor, acompañado de la factura y las pruebas que respalden su inconformidad. Con esos documentos, la institución evaluará si procede un reembolso o alguna otra compensación conforme a la legislación vigente.
Las autoridades analizarán las circunstancias particulares de cada establecimiento antes de determinar las medidas correspondientes. Para establecer la sanción, también tomarán en cuenta los antecedentes que los negocios tengan registrados por posibles incumplimientos.
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