Era la madrugada del 31 de octubre de 2010 cuando los guardias de la Base Aérea Armando Escalón, en La Lima, Cortés, perdieron el control de lo impensable: una avioneta incautada al narcotráfico desapareció del hangar como si el suelo mismo la hubiera tragado.
No fue un robo cualquiera. Era una aeronave Beechcraft King Air 200, de matrícula mexicana, decomisada desde 2008 y bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Un bien del Estado en resguardo dentro del perímetro de una de las bases más vigiladas de Honduras. O al menos, eso se creía.
La avioneta y un vuelo nacido de la traición
La investigación reveló que no hubo asalto externo. El golpe vino desde adentro. Durante varios días, los implicados, entre ellos militares y civiles, intentaron dormir a los centinelas con refrescos y comidas adulteradas con sedantes.
Cuando finalmente lo lograron, las luces de la pista se encendieron, las alarmas se apagaron y un grupo de técnicos reparó una falla que impedía el despegue.
Aquella madrugada, el rugido de los motores fue lo único que rompió el silencio. La avioneta despegó desde territorio militar, rumbo a lo desconocido.
Los informes de investigación describen pagos que iban desde 25 mil lempiras hasta 50 mil dólares, turnos alterados y libros de novedades desaparecidos.
Algunos soldados fueron comprados con dinero; otros, con miedo.
El robo en una base aérea: escándalo que sacudió a Honduras
El país despertó con incredulidad. Los titulares de noviembre de 2010 repetían la misma frase:
“Se roban avioneta desde base militar”. Era el reflejo de una Honduras que empezó a comprender la profundidad de la infiltración del narcotráfico en sus instituciones.
Las investigaciones confirmaron que al menos 19 militares participaron en el robo, por acción u omisión.
En los días siguientes, el caso pasó a los tribunales militares, donde el eco de las hélices se transformó en un expediente judicial.
Militares condenados, pero sin rastro del avión
En junio de 2013, el Tribunal Militar dictó sentencia: a 13 miembros activos de la Fuerza Aérea Hondureña los condenaron a penas de uno a nueve años de prisión por robo y violación de consigna.
Entre ellos, subtenientes, sargentos y un teniente coronel. Pero la justicia no recuperó lo más importante: la avioneta jamás apareció.
La OABI estimó su valor en más de 800 mil dólares (unos 30 millones de lempiras al cambio actual) y exigió que los condenados respondieran por el daño. Ninguno pudo hacerlo. El avión se desvaneció del mapa.
Lea también: Cae avioneta en Gracias a Dios; investigan posible vínculo con narcotráfico
Quince años después, el eco de un crimen que nunca aterrizó
Hoy, el caso sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando se combina con el poder y la impunidad.
El cielo militar de Honduras fue testigo de un crimen perfecto, donde la traición interna venció al deber y la lealtad.
Quince años después, el expediente duerme en los archivos judiciales, mientras la avioneta robada continúa siendo un fantasma del aire.
Una historia que resume, con dolorosa precisión, cómo en Honduras la impunidad siempre encuentra alas para volar.
