Una madre hondureña, refugiada en Estados Unidos, tomó la decisión de enfrentar en los tribunales al país que, según denuncia, le violentó sus derechos.

Tras un año de sufrimiento y condiciones inhumanas en México, donde fue expulsada junto a su familia en un momento de vulnerabilidad, ahora busca justicia y compensación por lo que describe como una grave desprotección y abandono.

El 30 de marzo de 2020, en medio de la pandemia, esta familia hondureña cruzó a Estados Unidos por Hidalgo, Texas.

La madre, embarazada y junto a su esposo e hijo de tres años, emprendieron una larga travesía, huyendo de la violencia de las pandillas en Honduras.

Sin embargo, al llegar a suelo estadounidense, esperaban el inicio de una vida segura, pero pronto se convirtió en una pesadilla.

Nacimiento en cautiverio e incertidumbre

Poco después de su detención por agentes fronterizos, la madre comenzó a sentir contracciones.

Fue trasladada a un hospital donde, bajo estricta vigilancia, dio a luz a su hija el 1 de abril de 2020.

La pequeña, nacida en Estados Unidos, se convirtió en ciudadana estadounidense, pero la alegría fue efímera.

Apenas 24 horas después del parto, y sin la oportunidad de seguir en observación médica, la madre fue llevada de regreso al centro de detención.

“Expulsados con lo puesto”

Con una hija recién nacida, sin ropa adecuada ni recursos, a la familia la enviaron a Reynosa, México, el 6 de abril de 2020.

Les aseguraron que no podían regresar hasta que su hija cumpliera 18 años, una afirmación que la madre sostiene era falsa y cruelmente manipuladora.

Sin más opción, aquella noche durmieron en un parque, desconcertados y vulnerables, hasta que una mujer desconocida les ofreció refugio temporal.

En Reynosa, la madre enfrentó las secuelas de un parto sin atención médica adecuada. Sin dinero y con el cuerpo aún débil, intentó cuidar de su bebé mientras lidiaba con complicaciones posparto.

La falta de atención derivó en heridas que se abrieron, y en un acto desesperado, ella misma se retiró los puntos de sutura.

“Durante el resto de su tiempo en México sobrevivieron con la ayuda de organizaciones benéficas para comida y alojamiento”, relata la demanda presentada por su abogada.

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La Patrulla Fronteriza según la demanda no dio la atención debida en el caso de esta hondureña.

La demanda

El 1 de noviembre de este año, la madre presentó una demanda en un tribunal de distrito de Chicago, argumentando que su familia sufrió por la falta de humanidad y protección en su caso.

Su abogada, Sarah Harmon, solicitó mantener su identidad en anonimato por temor a represalias de aquellos de quienes huyeron.

“La demandante plantea cuestiones en esta demanda que son de gran preocupación pública”, afirmó Harmon, enfatizando el desamparo al que fue expuesta la familia durante su expulsión y en su tiempo en México.

Según la demanda, la familia se encontró con agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes llamaron a una ambulancia.

La madre asegura que el personal médico determinó que, en ese momento, no estaba teniendo contracciones y que su ingreso al hospital no era necesario.

Sin embargo, los agentes trasladaron a la familia a un centro de detención cerca de McAllen, Texas.

Al día siguiente, la madre comenzó a experimentar contracciones y, esta vez, los agentes la llevaron al Sistema de Atención Médica del Sur de Texas.

Los médicos realizaron una episiotomía, un procedimiento que consiste en una incisión en el perineo para facilitar el parto. Su hija nació el 1 de abril de 2020.

La madre permaneció bajo detención durante toda su estadía en el hospital, vigilada por agentes uniformados que custodiaban su habitación, salvo durante el momento del parto.

Al día siguiente, el hospital le dio el alta, y a ella la enviaron de regreso junto a su recién nacida.

La familia supuestamente permaneció varios días detenida sin acceso a camas, obligados a dormir sobre bancos de cemento o láminas de aluminio.

El regreso

Un año después de su expulsión, el Departamento de Seguridad Nacional concedió a la familia la entrada a Estados Unidos, pero la huella de ese año en el exilio quedó impregnada en su memoria.

La demanda busca justicia y una compensación por el sufrimiento causado, no solo por el tiempo perdido sino también por las secuelas físicas y emocionales que el proceso les dejó.

Esta demanda no solo es el clamor de una madre que sobrevivió a la desesperación, sino también una acusación sobre la humanidad de un sistema que prometió refugio y ofreció rechazo.

No se sabe con certeza de qué lugar de Honduras huyó esta familia ni cuál es su verdadera identidad, ya que el riesgo de represalias sigue siendo alto.

Durante el proceso judicial, la madre, el padre y sus hijos serán identificados únicamente por sus iniciales.

Esto para proteger sus vidas mientras luchan por justicia en un país que, pese a darles asilo, les falló en un momento de extrema vulnerabilidad.

La historia de esta madre hondureña es un recordatorio de las vidas en juego en la frontera y de una lucha por justicia que sigue resonando desde una sala de tribunal en Estados Unidos.