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El 19 de octubre de 2012 no parecía distinto a cualquier otro día en el oriente del país. El sol caía temprano sobre las montañas de El Paraíso, sin advertir que, kilómetros más adelante, una emboscada ya estaba en marcha.
El camino, estrecho y rodeado de vegetación, parecía inofensivo. Era una ruta conocida por transportistas, agricultores y empleados públicos. Por esa carretera avanzaba un pick-up Nissan Frontier verde.
En el vehículo iban dos militares del Primer Batallón de Infantería: Gerardo Enrique Sánchez y Wilfredo Aguilera. Su tarea era brindar seguridad al traslado.
También viajaban dos empleados del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa): Fredy Conan Fonseca Palma y José Encarnación Murillo, este último con 15 años de servicio en la institución.
Eran trabajadores con experiencia. Conocían la ruta. Conocían los riesgos. Pero nunca imaginaron que ese viaje terminaría en una emboscada mortal.
La misión de trasladar más de siete millones de lempiras de Banadesa hacia comunidades donde serían utilizados para el pago del Bono 10 Mil, terminó en tragedia. No sabían que alguien los estaba esperando.
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El punto exacto de la emboscada
A la altura de la aldea La Unión, en la comunidad de El Chaparral, el camino se estrecha. La vegetación se vuelve más espesa. La visibilidad se reduce. Los conductores deben disminuir la velocidad. Era el lugar perfecto.
Según el expediente judicial, varios hombres armados ya estaban apostados en la zona. Estudiaron el recorrido. Sabían la hora. Sabían el valor del cargamento.
Cuando el pick-up llegó al punto señalado, comenzaron los disparos. Las balas impactaron el vehículo. Los vidrios estallaron. El motor se detuvo.
Obligados por los atacantes, los cuatro ocupantes bajaron del carro. Primero fueron despojados de sus armas los militares. Luego, uno a uno, los hombres fueron ejecutados a sangre fría.
Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera mientras los asaltantes se apoderaban del dinero. En cuestión de minutos, siete millones 260 mil lempiras desaparecieron. Y cuatro vidas se apagaron.
La búsqueda de los responsables
Las investigaciones avanzaron durante semanas. Casi un mes después, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado anunció la captura de cuatro sospechosos.
La acusación fue directa: asesinato y robo agravado. Las autoridades aseguraron contar con testimonios, indicios y un testigo presencial que identificó a los implicados. Parecía que el caso comenzaba a cerrarse.
El Ministerio Público presentó declaraciones, informes periciales y reconstrucciones del crimen. El eje central era el testimonio de una persona que afirmó haber presenciado el ataque.
Durante meses, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional evaluó cada prueba. Finalmente, llegó el veredicto. El tribunal condenó por unanimidad a Juan Francisco Castro por:
- Asesinato de las cuatro víctimas
- Robo agravado en perjuicio de Banadesa
Pero absolvió a los otros tres acusados. Según los jueces, no existían pruebas suficientes que los vincularan directamente con el crimen. La decisión generó inconformidad.
Un dinero que nunca llegó
El botín estaba destinado al pago del Bono 10 Mil, un programa social dirigido a familias vulnerables. La emboscada no solo arrebató vidas. También privó a cientos de personas de un apoyo económico clave.
El crimen expuso, además, la fragilidad del sistema de traslado de fondos públicos en zonas de alto riesgo. Hoy, más de una década después, en El Paraíso todavía se habla del “asalto del millón”.
Los pobladores recuerdan el día en que la carretera se llenó de patrullas, cintas amarillas y silencio. Las familias de las víctimas siguen preguntándose si toda la verdad salió a la luz.
Y el expediente sigue siendo una herida abierta. Porque mientras la memoria siga viva, Gerardo, Wilfredo, Fredy y José no serán solo nombres en un archivo: serán el recordatorio de una deuda que Honduras aún no termina de saldar.
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