Honduras vuelve a mirar de frente una herida que nunca termina de cerrar: las masacres.
Cada nuevo crimen múltiple no solo suma víctimas a las estadísticas, también deja comunidades partidas, familias destruidas y territorios marcados por el miedo.
La tragedia más reciente ocurrió en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, donde al menos 20 personas murieron en un ataque armado dentro de una finca.
El hecho colocó nuevamente a Colón en el centro de la violencia extrema y reabrió una pregunta que persigue al país desde hace años: ¿cuántas masacres más necesita Honduras para entender que la violencia organizada dejó de ser un hecho aislado?.
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Las masacres que dejaron más víctimas
Entre los hechos más graves figura la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.
Ese día, 46 mujeres privadas de libertad murieron durante un ataque dentro del centro penal, considerado uno de los episodios más mortales del sistema penitenciario hondureño.
Apenas cuatro días después, el 24 de junio de 2023, otra matanza estremeció al país: hombres armados irrumpieron en un billar del sector López Arellano, en Choloma, Cortés, y asesinaron a 13 personas.
Junio de 2023 quedó marcado como uno de los meses más sangrientos. Además de Támara y Choloma, se reportaron otros asesinatos múltiples en distintas zonas del país, elevando a 11 las masacres registradas solo en ese mes.
Ahora, la matanza de Rigores se coloca entre los ataques recientes con mayor número de víctimas, con al menos 20 personas fallecidas, según los reportes preliminares.
Rigores y Corinto: dos golpes en pocas horas
La masacre en Rigores no fue el único hecho que estremeció al país. Horas después, cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) murieron durante un allanamiento en la aldea Corinto, Omoa, Cortés.
Las autoridades informaron que la vivienda intervenida estaba presuntamente vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, supuestamente liderada por Heber Noé Argueta Zavala.
Los agentes fallecidos fueron identificados como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los policías Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
Aunque se trata de hechos distintos, ambos episodios dejaron al descubierto la capacidad de fuego de estructuras criminales.
También, la fragilidad de comunidades e instituciones frente a grupos armados que operan con violencia extrema.
La masacre de Támara sí tuvo condenas
De estos casos, la masacre de las 46 privadas de libertad en Támara es una de las pocas que llegó a una condena contundente.
Un Tribunal de Sentencia condenó a 15 mujeres integrantes de la pandilla Barrio 18 a penas superiores a los 900 años de prisión por su participación directa en el crimen ocurrido el 20 de junio de 2023.
La sentencia no borra el horror, pero dejó un precedente judicial en un país donde muchas masacres quedan atrapadas entre investigaciones lentas, capturas parciales y expedientes que pocas veces responden a todas las preguntas.
Un país marcado por crímenes múltiples
Las masacres en Honduras no solo se cuentan por número de muertos. Se miden también por el silencio que dejan en los barrios.
También, por los negocios cerrados después de una amenaza, por las familias que huyen y por las comunidades que aprenden a vivir con miedo.
Támara dejó 46 víctimas. Rigores, al menos 20. Choloma, 13. Corinto, cinco agentes asesinados.
Cada caso tiene su propio expediente, pero juntos retratan la misma crisis: un país donde la violencia múltiple sigue golpeando con fuerza y donde la justicia, cuando llega, casi siempre llega tarde.
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