Durante años, la extorsión impuso sus propias reglas en el transporte público hondureño. Conductores de buses, taxis y mototaxis tuvieron que pagar para trabajar y sobrevivir.
Ahora, en 2026, el sector asegura que esa presión vuelve a crecer. Las amenazas regresan a varias rutas urbanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los atentados reaparecen y algunos recorridos simplemente desaparecieron porque nadie quiere arriesgar la vida detrás del volante.
No es únicamente de dinero, para muchos conductores, la extorsión representa la posibilidad permanente de ser atacados por no cumplir una exigencia.
Ellos saben que retrasarse en un pago o simplemente circular por una zona disputada por estructuras criminales, es un riesgo.
A pesar de las capturas y los anuncios oficiales sobre seguridad, los transportistas sostienen que la extorsión tiene la capacidad de cerrar rutas, expulsar conductores y modificar la movilidad de miles de hondureños.
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La extorsión y las rutas que desaparecen
La evidencia más visible del problema no está en los expedientes judiciales ni en las estadísticas policiales, está en las rutas que ya no circulan.
Según dirigentes del sector, algunos recorridos en Tegucigalpa dejaron de operar debido a las amenazas constantes contra conductores y propietarios de unidades.
"La extorsión nos está volviendo a poner de rodillas. En los últimos meses tenemos más de tres rutas en Tegucigalpa y otras en San Pedro Sula bajo amenazas constantes", afirmó Wilmer Cálix.
Entre ellos mencionan sectores como Zapote Centro, Reparto Arriba, La Divanna y Universidad Norte, donde el temor reduce o paraliza el servicio.
La situación también afecta a los taxistas. Hace algunos años existían más de 35 puntos autorizados en la capital, hoy, aseguran los dirigentes, apenas sobreviven cerca de 20.
Un negocio que mueve millones
El transporte público sostiene que la extorsión es uno de los gastos más altos de su operación.
Las estimaciones del sector indican que cada mes se pagan entre 40 y 45 millones de lempiras a grupos criminales, una cifra que al final del año ronda los 500 millones.
Ese dinero sale de un sistema que ya enfrenta altos costos de combustible, mantenimiento, repuestos y pago de personal.
Para muchos empresarios, la extorsión funciona como un impuesto paralelo que imponen estructuras criminales que obtienen recursos sin necesidad de poseer una sola unidad de transporte.
El resultado termina trasladándose a todo el sistema: menos inversión, menos unidades y menos cobertura para los usuarios.
Las promesas de seguridad
Los transportistas recuerdan que desde 2012 los hondureños pagan la llamada tasa de seguridad, un mecanismo creado para fortalecer el combate contra la criminalidad.
De acuerdo con sus cálculos, ese fondo recaudó más de 36,900 millones de lempiras en poco más de una década.
Sin embargo, los dirigentes consideran que los resultados no son proporcionales a la inversión realizada.
La percepción entre muchos transportistas es que las capturas no siempre se traducen en condenas efectivas y que las estructuras criminales logran reorganizarse rápidamente después de cada operación policial.
Por ello, insisten en que la lucha contra la extorsión debe involucrar no solo a la Policía Nacional, sino también a fiscales, jueces y otras instituciones del sistema de justicia.
Cuando el miedo cambia la ciudad
En barrios periféricos, donde el transporte público suele ser la única opción de movilidad, la reducción de recorridos afecta el acceso al trabajo, la educación y los servicios básicos.
La violencia, en otras palabras, no solo golpea a quienes reciben las amenazas, también altera la vida cotidiana de quienes dependen del transporte para sostener sus actividades diarias.
Y mientras algunas rutas dejan de circular por miedo, el mensaje que reciben muchos conductores es el mismo que escucharon durante años: en ciertas zonas del país, todavía hay quienes deciden quién trabaja, quién circula y quién puede seguir operando.
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