Durante 24 años, miles de conductores salieron a trabajar sin saber si ese día regresarían a casa o si antes tendrían que pagar otra cuota para seguir con vida.
El precio de ese miedo, asegura el sector transporte, alcanzó una cifra que estremece: 21 mil millones de lempiras entregados a las estructuras de extorsión desde 2002 hasta la actualidad.
Es un monto que supera el presupuesto anual de varias instituciones del Estado y que, según los transportistas, convirtió al cobro ilegal en uno de los negocios criminales más lucrativos de Honduras.
Pero la mayor pregunta sigue sin respuesta: ¿Dónde terminó esa fortuna?
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Extorsión dejó una fortuna que nadie encuentra
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, afirmó que durante más de dos décadas el sector desembolsó alrededor de L21 mil millones para operar bajo amenazas de grupos criminales.
A su juicio, semejante cantidad de dinero no pudo esconderse en efectivo ni circular únicamente entre quienes cobraron las cuotas.
"Ese dinero está en algún lugar. ¿En qué empresas se movió? ¿En qué bancos se movieron?", cuestionó el dirigente.
Cálix está convencido de que la investigación debe ir mucho más allá de capturar a quienes realizan las llamadas intimidatorias.
Para Cálix, detrás de cada cobro existió una estructura financiera que permitió mover millones de lempiras sin detectarse durante años.
El delito cambió de rostro, pero no desapareció
Aunque durante años el delito se asoció con sobres llenos de efectivo entregados en terminales o puntos que se pactaron, el dirigente sostiene que la extorsión evolucionó.
"Las extorsiones no crecieron. Lo que sí pasó es que han mutado en este delito", afirmó.
Según explicó, las estructuras criminales comenzaron a expandirse hacia municipios donde antes no tenían presencia y adoptaron mecanismos distintos para movilizar el dinero que obtuvieron mediante amenazas.
El cambio, sostiene, no significa que el problema disminuyó, sino que se volvió más complejo de rastrear.
Seguir la ruta del dinero es la nueva apuesta
Mientras el sector transporte exige encontrar a quienes dirigieron el negocio, las autoridades aseguran que el enfoque de las investigaciones también cambió.
El director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, explicó que ya no basta con detener al encargado de hacer la llamada o recoger el dinero.
Ahora, dijo, las investigaciones buscan reconstruir toda la cadena financiera de la extorsión.
Quieren identificar a quienes reciben transferencias, prestan cuentas bancarias o participan en el movimiento de recursos obtenidos mediante ese delito.
La estrategia, conocida como trazabilidad financiera, pretende seguir la ruta del dinero hasta llegar a quienes realmente administran las ganancias de las organizaciones criminales.
El reto será encontrar a los verdaderos beneficiarios
Molina advirtió que algunas investigaciones podrían alcanzar a personas que aparentan desarrollar actividades económicas legales.
Pero que, de acuerdo con las pesquisas, formarían parte de la red que utilizaron para ocultar el origen del dinero.
Por ello, aseguró que las capturas se realizarán con suficiente respaldo investigativo para demostrar el papel que cada persona desempeñó dentro de la estructura.
Dos décadas de miedo y una pregunta sin respuesta
Para el transporte, detener a quien cobra la cuota representa apenas el primer escalón de una investigación mucho más grande.
Después de 24 años, miles de amenazas, buses paralizados y conductores asesinados por negarse a pagar, la cifra de L21 mil millones no solo retrata el costo económico de la extorsión.
También revela la dimensión de un negocio criminal cuya verdadera fortuna, hasta ahora, sigue sin aparecer.
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