La madrugada del 17 de junio de 2004, una masacre dejó una escena que todavía pesa sobre la memoria criminal de San Pedro Sula. Dentro de una residencia de la cuarta etapa de la colonia Jardines del Valle se encontraron sin vida a: Edwin Reyes Puerto, su esposa Nolia Ponce de Reyes, sus hijos Fabiola y Edy Reyes, y su sobrina Deysi Jackeline Alí Martínez, de 16 años, todos fueron encontrados degollados.
No fue un crimen común, los homicidas no dejaron sobrevivientes. A los niños también los asesinaron.
22 años después, el expediente continúa abierto, las hipótesis siguen apuntando al narcotráfico y la justicia no logró cerrar una de las masacres familiares más impactantes registradas en Honduras.
De interés: Repuntan las masacres y Seguridad apunta a ajustes de cuentas
La masacre que no dejó testigos
Las investigaciones determinaron desde un inicio que quienes entraron a la vivienda no eran extraños para la familia.
La dinámica de la escena indicó que las víctimas permitieron el acceso de sus atacantes o, al menos, no percibieron una amenaza inmediata.
Para los investigadores, el hecho de que a los menores también los asesinaran reforzó la teoría de que los responsables buscaron eliminar cualquier posibilidad de identificación.
La brutalidad del crimen estremeció a la ciudad, no solo por el asesinato múltiple, sino por el exterminio completo de un núcleo familiar dentro de su propia casa.
Con el paso de los años, las autoridades sostuvieron que los responsables actuaron con información privilegiada sobre los movimientos y rutinas de la familia.
La sombra del narcotráfico
Desde las primeras pesquisas, fiscales y agentes de investigación manejaron una hipótesis dominante: el crimen estaba relacionado con actividades de narcotráfico.
Según las autoridades, Edwin Reyes pasó en pocos años de trabajar en una tienda de cerámicas a convertirse en empresario del transporte de carga y de la compra y venta de vehículos pesados y livianos.
Las investigaciones patrimoniales realizadas posteriormente concluyeron que el nivel de riqueza que acumuló no coincidía con los ingresos que podían generar sus actividades comerciales conocidas.
Las indagaciones encontrado indicios que según revelaron, apuntaron a una presunta relación con estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
Entre esos elementos figuraban compartimientos ocultos en algunos contenedores vinculados a sus negocios.
Además de grandes cantidades de efectivo fuera del sistema financiero y dinero que, tras análisis especializados, presentó rastros de cocaína.
La sospecha llevó al Ministerio Público a abrir una segunda batalla judicial paralela al caso de los asesinatos: la investigación por lavado de activos.
Una fortuna que estuvo bajo la lupa
La masacre no solo dejó cinco víctimas, también abrió una disputa sobre una fortuna que las autoridades estimaron en más de 20 millones de lempiras.
Posteriormente se calculó en alrededor de 27 millones entre dinero, propiedades y bienes.
Las investigaciones revelaron el decomiso de unos 700 mil dólares en efectivo, decenas de vehículos de lujo, cabezales y una residencia valorada en millones de lempiras.
La mujer que desapareció
Uno de los elementos más llamativos de la investigación fue la acusación contra una mujer cercana al entorno familiar.
Las autoridades sostuvieron que ella habría facilitado el ingreso de los homicidas a la vivienda y que existían testimonios e indicios que la vinculaban con el caso.
Según la Fiscalía, la vieron cerca de uno de los vehículos sustraídos tras la matanza y también la relacionaron con objetos que se robaron de la residencia.
Con el paso del tiempo surgieron informes que apuntaban a que había abandonado el país.
Un expediente que se niega a cerrarse
A lo largo de los años, fiscales e investigadores hablaron de testigos protegidos, retratos hablados, líneas de investigación activas y posibles conexiones con estructuras criminales.
Sin embargo, el tiempo se convirtió en el principal enemigo del caso y los años desgastan pruebas, dispersan testigos y vuelven más difícil reconstruir con precisión los movimientos de quienes participaron en un crimen.
22 años después
22 años después de aquella madrugada, la masacre continúa atrapada entre las sospechas de narcotráfico, una fortuna que pasó a manos del Estado y órdenes de captura que nunca terminaron de ejecutarse.
La impunidad campea y el caso seguirá siendo lo mismo que ha sido durante más de dos décadas: una de las historias de violencia más brutales y una de las deudas más largas de la justicia hondureña.
Lea también: Una sonrisa, un video y una masacre: las últimas horas de Jensy Leiva
