A las 10:55 de la noche del 14 de febrero de 2012, mientras miles de hondureños celebraban el Día de San Valentín, una cárcel en Comayagua comenzó a convertirse en un infierno.
Las llamas aparecieron en el módulo seis de la Granja Penal de Comayagua y, en cuestión de minutos, avanzaron por varios sectores del recinto.
Detrás de los barrotes, centenares de hombres quedaron atrapados, gritaron, golpearon las puertas y buscaron una salida que nunca llegó a tiempo.
Cuando amaneció el 15 de febrero, Honduras despertó frente a una de las peores tragedias de su historia reciente: 360 privados de libertad murieron y decenas más resultaron heridos.
El incendio de Comayagua no solo dejó una montaña de cadáveres, también expuso las grietas de un sistema penitenciario marcado por el abandono, la improvisación y la negligencia.
De intetés: Guerra por el trono de Casa Blanca dejó 13 muertos en Támara en 2006
Comayagua y el fuego que convirtió una cárcel en una trampa
Las investigaciones determinaron que el incendio comenzó en el módulo seis, donde permanecían más de un centenar de reclusos.
En pocos minutos el fuego se propagó hacia las celdas vecinas y la mayoría de las víctimas murió carbonizada.
Otras fallecieron asfixiadas por el humo mientras intentaban escapar, los testimonios de sobrevivientes relataron escenas desesperadas.
Eran hombres gritando por ayuda, otros intentando romper barrotes y algunos utilizando cualquier objeto para derribar candados.
Sin embargo, el tiempo corría más rápido que cualquier intento de rescate. Según las investigaciones posteriores, una de las mayores tragedias ocurrió en el propio módulo donde inició el siniestro.
Aunque existían dos accesos, las puertas no se abrieron a tiempo y esa decisión —o la ausencia de ella— fue una de las claves del caso.
Una madrugada de llanto y cuerpos
Mientras el fuego consumía gran parte del recinto, los bomberos, policías y socorristas intentaban controlar una emergencia para la que nadie parecía preparado.
Durante toda la noche y la madrugada, los cuerpos comenzaron a ser retirados del penal para trasladarlos hacia Tegucigalpa para su identificación y certificación científica de los decesos.
Fuera de los muros, cientos de familiares esperaban noticias. Eran madres, esposas, hijos y hermanos que se aglomeraron en busca de una respuesta.
Lo que encontraron fue una lista interminable de fallecidos. Los gritos de dolor se mezclaron con la incertidumbre de quienes no sabían si sus familiares estaban entre los muertos, los heridos o los desaparecidos.
La tragedia que puso a Honduras bajo la lupa
La magnitud del desastre provocó reacciones dentro y fuera del país. La tragedia se catalogó como la peor catástrofe carcelaria de las últimas décadas en América Latina y una de las más graves registradas en el mundo.
El impacto fue tan profundo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una investigación.
En 2013 concluyó que el devastador resultado estuvo estrechamente relacionado con las condiciones en las que operaba la cárcel.
El organismo señaló problemas estructurales, deficiencias de seguridad, falta de protocolos de emergencia y la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario hondureño.
La CIDH también pidió profundizar las investigaciones para determinar posibles responsabilidades por las omisiones ocurridas durante el incendio.
El juicio por las puertas cerradas
La búsqueda de justicia avanzó lentamente y en 2017 se desarrolló un primer juicio que terminó con la absolución de la mayoría de los acusados.
Sin embargo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó recursos que llevaron a la repetición del proceso.
Años después, la justicia hondureña encontró culpables a varios funcionarios, entre ellos el exdirector de la Granja Penal de Comayagua, Wilmer Obdulio López Irías; y al encargado de las llaves la noche del incendio, José Víctor Mejía. A ambos los condenaron por homicidio culposo y violación de los deberes de los funcionarios.
También encontraron culpables a Santos Soriano López y Rito Yánez Licona por violación de los deberes de los funcionarios, al considerarse que tenían responsabilidad directa en la protección de los internos.
Para la Fiscalía, los encargados del penal priorizaron asegurar el perímetro del recinto en lugar de ejecutar acciones destinadas a salvar vidas.
El símbolo de una tragedia que no desaparece
Catorce años después, el incendio de Comayagua es una herida abierta. Las imágenes de aquella noche recuerdan lo que ocurre cuando la seguridad penitenciaria se reduce a candados, muros y vigilancia, pero olvida la protección de la vida humana.
Muchas familias aún recuerdan que recibieron un ataúd rústico y una compensación económica de 10 mil lempiras por cada víctima. Para ellas, ninguna ayuda compensó la pérdida.
La cárcel fue consumida por las llamas durante unas horas. El impacto de aquella tragedia, en cambio, sigue ardiendo más de una década después.
Porque aquella noche no solo se quemó una prisión, quedó al descubierto un sistema que no reaccionó cuando cientos de personas quedaron atrapadas detrás de puertas que nunca se abrieron.
Lea también: Gritaron por ayuda y encontraron llamas: 102 vidas consumidas en una celda
