La Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó explicaciones al Gobierno de Honduras por denuncias de despidos y presuntas violaciones a los derechos sindicales en 14 instituciones públicas.
El requerimiento responde a una queja presentada por organizaciones sindicales que señalan cesantías injustificadas, afectaciones al fuero sindical y restricciones a la negociación colectiva.
El caso se registra en el expediente 3536 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que solicitó al Estado hondureño presentar sus observaciones sobre los hechos denunciados.
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Despidos en Honduras llegan a instancias internacionales
La denuncia se presentó el 31 de julio de 2026 por 14 organizaciones sindicales del sector público, respaldadas por centrales obreras hondureñas.
Posteriormente, el 18 de agosto, la representante permanente de Honduras ante organismos internacionales en Ginebra, Karla Cueva, comunicó oficialmente el requerimiento.
Mediante el oficio MPHG/SRECI-OIT-292-2026, dirigido a la Cancillería hondureña, trasladó la solicitud del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT.
La comunicación se remitió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, para coordinar la respuesta de las instituciones señaladas.
La OIT pidió información detallada sobre cada denuncia, así como los resultados de posibles procedimientos administrativos o judiciales relacionados con los despidos.
Sindicatos interponen denuncia
Las organizaciones sindicales contabilizaban, hasta septiembre, aproximadamente 15,000 empleados públicos despedidos, según declaraciones de sus dirigentes.
Entre los afectados reportaron alrededor de 500 dirigentes sindicales, algunos de ellos protegidos por el fuero sindical.
La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) también denunció cesantías de trabajadores permanentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y empleados con enfermedades crónicas.
Las organizaciones atribuyen estas decisiones a la administración del presidente Nasry Asfura y solicitaron la intervención de organismos internacionales.
Además de acudir a la OIT, promovieron gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nuevas instrucciones después del requerimiento
El secretario general de la FUTH, Pablo César Flores, cuestionó que se anunciaran nuevas instrucciones de despidos después de recibirse la comunicación internacional.
El dirigente se refirió a declaraciones del secretario de la Presidencia, Luis Castro, durante una reunión política celebrada en Comayagua el 2 de noviembre.
Según lo divulgado, Castro instruyó a funcionarios gubernamentales a separar de sus cargos, antes del 31 de diciembre de 2026, a empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre).
Flores señaló que esas instrucciones se produjeron más de dos meses después del requerimiento de la OIT, fechado el 18 de agosto.
¿Qué instituciones aparecen en la denuncia ante la OIT?
La queja internacional fue impulsada por sindicatos de distintas dependencias estatales, entre ellos los siguientes:
- Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Sitraahac).
- El Sindicato de Empleados Públicos de la Educación (Siempe).
- Además, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Finanzas (Sitrasefin).
- Otro es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (Sitraihtt).
- Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop).
- También el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sitrasedesol).
- Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Sitrabanadesa).
También figuran Sitraansec, Siepip, Sitrainm, Sitradinaprocimu, Sitraepsit, Sitrasedh y Sepgrah.
¿Qué pasará con la denuncia contra Honduras?
El Comité de Libertad Sindical de la OIT solicitó al Gobierno presentar observaciones detalladas sobre las denuncias.
Asimismo, pidió información sobre las actuaciones administrativas y judiciales que pudieran haberse iniciado por los hechos señalados.
Las organizaciones denunciantes manifestaron su disposición a participar en una conciliación voluntaria dentro de Honduras.
De aceptarse ese mecanismo, el examen del fondo de la queja podría suspenderse temporalmente por un período máximo de seis meses.
Una vez recibida la respuesta gubernamental, el comité podrá examinar las denuncias. También podrá avanzar si transcurre un plazo razonable sin recibir las observaciones solicitadas.
Por ahora, el expediente 3536 continúa su trámite internacional, mientras las organizaciones sindicales esperan una respuesta del Estado hondureño.
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