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Un grupo de relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instaron el viernes (9.7.2021) al gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad garífuna.
Mary Lawlor, relatora especial de la ONU, se pronunció tras la detención de las señoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los derechos de los garífunas y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Lawlor explicó que el Ministerio Público de Honduras acusa a las defensoras de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas.
Sin embargo, la representante de la ONU indicó que esta es una "herramienta de intimidación, en línea con las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que violentan la integridad de las comunidades originarias de Honduras".
Lawlor manifiesto que Honduras no ha titulado, delimitado y demarcado los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz según el veredicto de 2015 de la CIDH, que ordenó esas reparaciones tras considerar que se habían violado las garantías fundamentales de ese colectivo.
Seis años después, los 300 mil integrantes de la comunidad garífuna hondureña no han recibido esas reparaciones.
El conflicto
Según la experta, los cargos surgieron a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos con varios títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, en Colón, en el caribe hondureño.
En ese sentido, los representantes de la ONU manifestaron al gobierno hondureño su preocupación por el hecho de que la detención de las "hermanas garífunas" se produce en un contexto de "violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras".
"El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad", agregó Lawlor.
Cabe señalar que, Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de marzo de 2021 y cuando Marianela Mejía Solórzano acudió a la estación de policía para informarse sobre la detención de su hermana, fue igualmente detenida.
Mientras que el 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, a quien el pasado 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos imputados en su contra.