En Honduras, la inseguridad ya no solo se mide en delitos o violencia callejera. Hay otra que corroe silenciosamente la economía: la inseguridad jurídica, esa falta de certeza que hace que invertir se sienta como un salto al vacío.

El caso más reciente ocurrió en Trujillo, departamento de Colón, donde dos ciudadanos canadienses enfrentaron una invasión de tierras en la zona donde residían.

Lo que para ellos era una inversión y un futuro seguro, terminó convertido en una pesadilla legal sin respuesta rápida del Estado.

Denis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA), lamentó el hecho y alertó sobre las graves consecuencias que estos incidentes tienen para el país.

“Esto pone en mal la imagen de Honduras ante la comunidad internacional”, expresó.

Cuando la inseguridad espanta la inversión

Maradiaga explicó que cada caso de este tipo envía un mensaje peligroso al mundo: que en Honduras las leyes no siempre protegen al inversionista, y que las autoridades no reaccionan con la contundencia que exige una nación que busca crecer.

“La seguridad jurídica del país no es buena, y eso aleja obviamente la inversión. Personas que vienen a confiar, a poner su patrimonio y generar empleo se encuentran en estas situaciones tan penosas”, dijo.

El dirigente empresarial teme que países como Canadá lleguen incluso a emitir alertas o recomendaciones a sus ciudadanos para evitar invertir o viajar a Honduras.

Un escenario que golpearía de lleno la economía local y los empleos que dependen de la inversión extranjera.

Trujillo, reflejo de un problema nacional

El municipio costero de Trujillo, famoso por sus playas y su historia, es también símbolo de las contradicciones del país.

Mientras se promueve el turismo y la inversión, los conflictos por tierras y la falta de certeza legal hacen retroceder años de esfuerzos.

Lo ocurrido con los inversionistas canadienses no es un caso aislado. Se repite en distintas zonas del país donde los inversionistas extranjeros y también hondureños, se enfrentan a disputas interminables y decisiones judiciales que tardan años.

La inseguridad jurídica no solo frena proyectos, también destruye sueños.

Se necesitan respuestas ante inseguridad jurídica

Desde la CCIA, el llamado es claro: el Gobierno debe actuar con firmeza y enviar señales de confianza.

Resolver los conflictos de propiedad, fortalecer las instituciones y garantizar el cumplimiento de la ley es clave para recuperar la credibilidad del país.

“Esperamos que el gobierno anteponga sus buenos oficios en esta situación y que dé una respuesta rápida, porque estos hechos desmotivan la inversión y afectan el empleo”, insistió Maradiaga.

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Sin seguridad jurídica no hay desarrollo

Honduras necesita demostrar que puede ser un país donde invertir no sea un riesgo, sino una oportunidad.

Sin seguridad jurídica, no hay crecimiento sostenido ni confianza ni empleo. La otra crisis menos visible, pero igual de dañina es la desconfianza.

Esa que nace cuando las leyes no protegen, cuando las inversiones se pierden y cuando el silencio institucional se convierte en norma.

Mientras el país no enfrente este problema con la seriedad que merece, los inversionistas seguirán viendo a Honduras, no como una tierra de oportunidades, sino como un terreno incierto donde la inseguridad jurídica pesa más que la esperanza.