La diferencia entre la vida y la muerte fue el silencio de una pistola. La tarde del viernes 12 de junio de 2026, el abogado Marlon Iván Rodríguez descendió de su vehículo en El Progreso, Yoro, sin imaginar que alguien ya lo esperaba.
Según la información preliminar, un sujeto se acercó, le apuntó directamente y accionó el arma, pero no pasó nada. Lo intentó una segunda vez y tampoco.
Dos gatillazos fallidos evitaron que Honduras sumara otro abogado a una lista que desde hace años no deja de crecer.
Rodríguez reaccionó de inmediato, corrió hacia su oficina, logró ingresar y ponerse a salvo mientras el atacante huía sin cumplir su objetivo.
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Un atentado contra otro abogado que enciende las alarmas
Hasta ahora, las autoridades no informan sobre capturas ni revelan posibles móviles detrás del ataque.
Sin embargo, el caso ya provocó preocupación entre los miembros del gremio de abogados, que observan el hecho como algo más que un incidente aislado.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), capítulo de El Progreso, condenó el atentado y exigió una investigación que permita identificar a los responsables y establecer quién ordenó el ataque.
La organización también expresó preocupación por el clima de violencia que persiste en el país y que continúa golpeando a distintos sectores de la sociedad.
Una profesión que sigue en la mira
Lo ocurrido con Rodríguez revive una realidad incómoda: ser abogado en Honduras puede convertirse en una actividad de alto riesgo.
Los registros oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que al menos a 220 abogados los asesinaron violentamente entre 2004 y 2026.
Detrás de esa cifra hay litigantes, defensores, penalistas, asesores y profesionales que fueron atacados en circunstancias que, en muchos casos, jamás llegaron a esclarecerse.
La preocupación aumenta porque la impunidad sigue siendo la regla en la mayoría de los casos.
Organismos defensores de derechos humanos y el propio Colegio de Abogados señalan que alrededor del 90 % de estos crímenes permanece sin resolución judicial.
La bala que no salió
Los abogados enfrentan amenazas derivadas de su trabajo, especialmente cuando intervienen en conflictos de alto impacto o casos sensibles.
Por eso, el atentado contra Marlon Iván Rodríguez no solo se investiga como un hecho criminal.
También vuelve a poner sobre la mesa las condiciones bajo las cuales ejerce una profesión que con frecuencia queda atrapada entre intereses, disputas y violencia.
Esta vez la pistola falló dos veces, pero para un gremio acostumbrado a contar colegas asesinados, el episodio deja una pregunta inquietante:
¿Fue un arma defectuosa o una vida que se salvó por segundos? Mientras esa respuesta llega, un abogado sigue vivo y quienes intentaron matarlo continúan libres.
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