Mientras los obreros alzaban edificios bajo el ardiente sol de la Florida, detrás de ellos operó otro andamiaje, una red invisible, pero fundamental: un esquema de nómina ilegal orquestado por cuatro ciudadanos hondureños.
Entre 2015 y 2022, este grupo: Iris Villafranca, Mario Flores, Osman Zapata y Cristofer Oseguera Girón, facilitaron pagos en efectivo por millones de dólares a trabajadores indocumentados, sin dejar rastro en los registros fiscales.
La acusación federal señala que usaron empresas de papel para operar un sistema de cobro de cheques y entrega de dinero sin licencia.
Con ello, permitían a contratistas y subcontratistas de la construcción evitar el pago de impuestos sobre la nómina y contratar trabajadores sin autorización legal para laborar en Estados Unidos.
89 millones en juego
El gran jurado estima que el monto total de los cheques cobrados por esta red ronda los 89 millones de dólares.
A cambio de facilitar estos pagos en efectivo, los acusados cobraron una comisión directamente proporcional al monto de cada cheque.
La operación iba más allá del simple cambio de dinero. Según la acusación, presentaban al IRS declaraciones falsas.
Además, realizaron solo depósitos mínimos de impuestos, y reportaron cifras alteradas a compañías aseguradoras para obtener pólizas de compensación laboral que luego eran “alquiladas” a terceros.
Empresas fantasma, cheques reales
Una parte clave del esquema era la creación de compañías ficticias que emitían facturas a nombre de los contratistas reales.
De ese modo, el dinero ingresaba legalmente al sistema, pero salía en efectivo, con pocos rastros.
Los trabajadores, muchos de ellos sin papeles, recibían su salario en sobres, sin protecciones legales ni aportaciones fiscales.
Además, se acusa a Villafranca de presentar declaraciones de impuestos personales falsas entre 2019 y 2022,.
De esta manera, ocultó los ingresos derivados del esquema y de propiedades que alquilaba.
Las posibles condenas
Si son hallados culpables, Villafranca enfrentaría hasta 33 años de prisión: 20 por fraude electrónico, 5 por operar una red ilegal de transferencias de dinero, 5 por fraude fiscal, y 3 años adicionales por cada declaración tributaria falsa.
Sus compatriotas, Flores, Zapata y Oseguera Girón, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión cada uno.
Una red bajo vigilancia
La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
La Fiscalía subrayó que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Aun así, el caso revela cómo redes bien estructuradas pueden operar durante años, aprovechando vacíos legales y la alta demanda de mano de obra barata.
Un negocio donde el dinero fluyÓ en efectivo, sin nóminas ni derechos laborales, pero con consecuencias legales.
Hoy se ciernen sobre cuatro hondureños una acusación que los pone desde las sombras a los titulares.
