La sequía en Honduras ya no se mide únicamente por parcelas secas, cosechas perdidas o comunidades esperando lluvia.
La emergencia escaló hasta colocar a cientos de miles de personas ante la necesidad de asistencia humanitaria.
Un llamamiento urgente de la Red Humanitaria de Honduras, con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), estima que más de 708,000 personas en los municipios bajo alerta roja podrían requerir ayuda por los efectos de la sequía.
La cifra muestra hasta dónde escaló una crisis que comenzó golpeando la producción agrícola, pero que ahora amenaza también la disponibilidad de alimentos y agua, los medios de vida, la salud y hasta la supervivencia del ganado.
El documento plantea movilizar 60 millones de dólares para responder a la emergencia y establece como población meta a 538,000 personas.
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Más del 75 % del territorio registra sequía ante la falta de lluvias
Más del 75 % del territorio hondureño registró déficits significativos de precipitaciones, particularmente en las regiones sur y occidental vinculadas al Corredor Seco.
Además, 103 municipios permanecen bajo alerta roja en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Valle, Intibucá y Lempira.
La sequía en Honduras coincide con una etapa crítica del calendario agrícola: las pérdidas correspondientes a la primera temporada de producción ya se materializaron.
Ahora existe riesgo de nuevas reducciones durante los próximos ciclos de cultivo y eso significa que la emergencia no termina cuando se pierde una cosecha.
Si las lluvias continúan siendo insuficientes, el golpe puede trasladarse al siguiente ciclo productivo y reducir todavía más la capacidad de las familias para recuperarse.
El problema ya llegó al agua, los alimentos y la salud
El llamado humanitario advierte que las consecuencias van mucho más allá de la agricultura.
Las pérdidas de cosechas se combinan con un riesgo creciente para la supervivencia del ganado y una menor disponibilidad de agua, afectando el acceso de las familias a alimentos, servicios básicos y atención sanitaria.
La crisis también se instala sobre hogares que ya enfrentaban inseguridad alimentaria, impactos climáticos recurrentes y una capacidad cada vez menor para afrontar nuevas emergencias.
A ese escenario se agregan, según el documento, factores como la violencia, el desplazamiento y otras dinámicas de movilidad humana.
Más de la mitad del dinero solicitado irá a alimentos y nutrición
La distribución de los 60 millones de dólares permite dimensionar dónde se encuentra una de las mayores preocupaciones.
El sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición requiere 30.7 millones de dólares, la partida más grande del llamamiento.
Se calcula que 622,000 personas presentan necesidades en este sector y la respuesta pretende alcanzar a 443,000.
Para Salud se requieren 13.5 millones de dólares, mientras que Agua, Saneamiento e Higiene necesita 9.6 millones.
El componente de protección, que incluye violencia de género y protección de la niñez, contempla otros 6 millones de dólares.
La respuesta será coordinada entre autoridades hondureñas, el Sistema de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y actores locales.
Se priorizarán los hogares con inseguridad alimentaria, pérdidas agrícolas, escasez de agua y vulnerabilidad nutricional.
La situación todavía puede empeorar
El llamado no describe únicamente la emergencia actual, también advierte sobre lo que podría venir.
Existe una alta probabilidad de que se desarrollen condiciones de El Niño hacia finales de 2026, escenario que podría prolongar y profundizar los impactos humanitarios durante los próximos meses.
La planificación de la respuesta incluso contempla la posibilidad de que las condiciones climáticas adversas persistan hasta 2027.
Por eso se hace necesaria una intervención oportuna para impedir un mayor deterioro de las condiciones de vida.
Así, la sequía en Honduras entra en otra dimensión: detrás de los campos sin suficiente lluvia hay 708,000 personas que podrían necesitar asistencia.
Mientras el país enfrenta el riesgo de que la emergencia atraviese otro ciclo agrícola antes de comenzar a ceder.
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