Durante años, el debate sobre la violencia en Honduras apuntó hacia las armas que ingresan por fronteras, puntos ciegos o rutas del narcotráfico. Sin embargo, un análisis sobre el tráfico y control de armas en Centroamérica plantea una pregunta distinta: ¿Qué ocurre cuando parte del armamento que usan grupos criminales proviene de los mismos organismos encargados de combatirlos?
El estudio, elaborado por el académico estadounidense Mark Ungar, especialista en seguridad ciudadana, justicia y reforma policial en América Latina, sostiene que una de las rutas menos rastreadas del tráfico de armas en la región es el desvío de armamento desde instituciones estatales hacia estructuras criminales.
Según el documento, las fugas de armas desde arsenales oficiales es un problema recurrente en Honduras.
Esto pese a los mecanismos de control existentes y a las afirmaciones institucionales de que este tipo de desvíos son prácticamente imposibles.
De interés: El MP refuerza destrucción de armas para evitar que vuelvan al crimen
Más de 350 armas desaparecidas
Uno de los casos citados en el análisis corresponde a la desaparición de más de 350 fusiles y pistolas automáticas de la Policía hondureña entre 2012 y 2016.
De acuerdo con el documento, esas armas terminaron posteriormente en manos de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, las dos principales estructuras pandilleras que han operado en el país y la región.
El estudio señala que este episodio contradice la idea de que el tráfico de armas se limita únicamente a redes internacionales de contrabando o al ingreso ilegal desde el extranjero.
Para el investigador, los mercados ilegales de armas también pueden alimentarse de pérdidas, robos, corrupción y desvíos ocurridos dentro de las propias instituciones estatales.
Un hallazgo que expuso presuntos vínculos
El análisis también menciona la captura, en 2019, de un líder de la MS-13 al que se le decomisó armamento de grueso calibre.
Según el texto, el caso permitió exponer a 38 oficiales superiores y 43 oficiales de menor rango que, presuntamente, colaboraban con una facción de la pandilla.
El documento presenta este hecho como una de las evidencias utilizadas para ilustrar los riesgos de infiltración criminal dentro de organismos responsables de la seguridad pública.
Las cárceles también aparecen en la ruta
Otra de las preocupaciones expuestas por el investigador es la presencia de armas dentro del sistema penitenciario.
Como ejemplo, cita la Operación Fe y Esperanza ejecutada en Honduras durante 2023, cuando las autoridades realizaron intervenciones simultáneas en centros penales del país.
De acuerdo con el análisis, durante esas acciones se incautaron más de 1,100 armas dentro de 25 instalaciones penitenciarias.
Para el autor, este tipo de hallazgos reflejan la complejidad del problema y las dificultades para controlar completamente la circulación del armamento ilegal.
Un mercado difícil de medir
El documento advierte que uno de los principales obstáculos para comprender la magnitud real del fenómeno es la falta de información precisa.
Las estimaciones sobre la cantidad de armas en circulación en Honduras presentan amplias diferencias.
Mientras algunas cifras hablan de alrededor de 400 mil armas, otras elevan la cantidad hasta 1.2 millones.
Esa dispersión de datos, según el análisis, dificulta conocer con exactitud cuántas armas permanecen fuera de los registros oficiales y cuál es el verdadero tamaño del mercado ilegal.
El investigador también sostiene que la información disponible sobre adquisiciones, ventas, controles internos y pérdidas de armamento en organismos estatales es limitado.
Esa situación complica la trazabilidad de muchas armas que terminan involucradas en actividades criminales.
Más allá del contrabando
El texto reconoce que una gran cantidad de armas llega a Centroamérica desde Estados Unidos y otros países mediante redes legales e ilegales de comercio.
Sin embargo, afirma que el problema no puede entenderse únicamente desde esa perspectiva.
A juicio del autor, "las ventas privadas, las empresas de seguridad, las armas artesanales y los desvíos desde instituciones públicas son parte de un entramado más amplio que alimenta la circulación de armamento en la región".
Por ello, el análisis plantea que el desafío para los Estados centroamericanos no solo consiste en impedir el ingreso de armas desde el exterior, sino también en fortalecer los controles internos.
Solo así se logrará conocer dónde están, quién las posee y cómo algunas terminan reapareciendo en escenarios criminales.
Un rastro que sigue abierto
Las armas desaparecidas entre 2012 y 2016 son apenas algunos de los casos citados en el estudio.
Sin embargo, el episodio resume una preocupación más amplia: la dificultad de rastrear armamento.
Esto porque tras salir de los registros oficiales, aparecen en manos de quienes utilizan la violencia como herramienta de control.
En un país donde las armas continúan presentes en homicidios, extorsiones y otras actividades criminales, el análisis de Mark Ungar muestra que el origen de ese armamento es una tarea pendiente para las autoridades en Honduras.
Lea también: Incautan más de 3,300 armas y 56 toneladas de drogas en operativo
