Los disparos comenzaron poco después de que amaneciera el 20 de junio de 2023 dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.
Lo que inició como una jornada más en el principal penal de mujeres de Honduras se convirtió en una de las peores tragedias carcelarias de la historia del país.
Según las investigaciones oficiales, integrantes de la Pandilla 18 lanzaron un ataque contra privadas de libertad vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Armadas con pistolas, fusiles y armas blancas, las agresoras avanzaron por distintos sectores del centro penal mientras el caos se apoderaba de los módulos.
Una sobreviviente relató posteriormente que comenzó a escuchar disparos y gritos provenientes de otras áreas del penal.
Junto a otras reclusas intentó escapar abriendo un agujero en el techo de la celda, pero los disparos las obligaron a regresar.
Dentro de los módulos, muchas mujeres comprendieron que estaban atrapadas.
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PNFAS y el fuego que convirtió las celdas en trampas mortales
Las investigaciones establecieron que a varias víctimas las encerraron en espacios donde posteriormente lo incendiaron con colchonetas y combustible.
Mientras algunas mujeres intentaban escapar de las llamas, a otras las perseguían a tiros.
"Pedíamos ayuda pero nadie respondió, esos minutos parecían eternos, nadie nos auxilió", dijo una de las sobrevivientes.
Cuando el fuego se controló, las escenas dentro del penal estremecieron al país. Algunos cuerpos aparecieron amontonados en baños donde las víctimas habían buscado refugio huyendo del humo y las llamas.
El saldo final fue de 46 mujeres muertas, muchas de ellas calcinadas y otras asesinadas con armas de fuego.
La CIDH alertó sobre la pérdida de control en las cárceles
Tras la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre problemas estructurales dentro del sistema penitenciario hondureño.
El organismo recibió información relacionada con corrupción, ingreso ilegal de armas y debilitamiento de los controles estatales dentro de los centros penales.
También señaló que la falta de custodios y las deficiencias en seguridad favorecían escenarios de violencia extrema.
Para la CIDH, estos factores permitieron los sistemas de autogobierno criminal dirigidos por estructuras delictivas dentro de algunos recintos penitenciarios.
La masacre de PNFAS se convirtió en el ejemplo más dramático de esa realidad.
Las medidas que siguieron a la masacre
La tragedia provocó acciones inmediatas como la remoción de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario y anunciaron que la Policía Militar del Orden Público asumiría el control de los centros penales del país.
También se informó sobre la capacitación de miles de nuevos custodios y la implementación de medidas destinadas a recuperar la gobernanza dentro de las cárceles hondureñas.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas, ninguna medida podía devolver las vidas perdidas aquella mañana.
Condenas por la masacre
Tres años después de los hechos, el caso llegó a una de sus etapas más importantes. La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a 15 privadas de libertad por su participación en la masacre.
Las condenadas según el Tribuenal fueron las coautoras de 46 delitos de asesinato, uno por cada víctima mortal registrada durante el ataque.
Por cada asesinato recibieron una pena de 20 años de prisión, lo que elevó la condena total a 920 años.
Una herida que sigue abierta en Honduras
La sentencia cerró parte del proceso judicial, pero no las preguntas que dejó la tragedia.
¿Cómo ingresaron las armas? ¿Por qué las agresoras pudieron tomar sectores completos del penal? ¿Dónde estaban los controles que debían impedir una matanza de esa magnitud?
Tres años después, PNFAS es símbolo de una mañana en la que el Estado perdió el control y 46 mujeres quedaron atrapadas entre las balas, el humo y el fuego.
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