Durante mucho tiempo, Honduras creyó que el narco era un problema que pasaba por sus costas, cruzaba sus montañas o aterrizaba en pistas clandestinas escondidas entre la maleza.
La atención se concentró en las toneladas de cocaína decomisadas, los grandes capos capturados y las cifras de homicidios.
Sin embargo, mientras el país miraba hacia afuera, otra transformación ocurría dentro del Estado.
No fue una toma del poder con fusiles ni un golpe visible, fue un proceso silencioso en el que dinero, corrupción, influencias políticas y redes criminales comenzaron a mezclarse hasta hacer casi imposible distinguir dónde terminaba la institucionalidad y dónde empezaba el crimen organizado.
Esa es la principal advertencia del estudio Crime, Drugs, and Power in Honduras, elaborado por la investigadora Kari Williams, que desde 2018 sostuvo que Honduras fue desarrollando un "Estado paralelo".
Una estructura donde intereses criminales lograron capturar espacios de poder político, económico y de seguridad.
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El narco donde los transportistas dejaron de ser simples intermediarios
La primera señal apareció cuando Honduras dejó de ser únicamente una ruta para mover cocaína.
Después del huracán Mitch y del endurecimiento de las operaciones antidrogas en Colombia y México, el país adquirió un papel estratégico dentro del tráfico internacional.
Según el estudio, "muchos transportistas hondureños ya no recibían únicamente dinero por trasladar cargamentos: empezaron a cobrar con parte de la droga".
Esto permitió acumular riqueza, construir redes propias y ganar influencia mucho más allá del negocio del narcotráfico.
El dinero empezó a circular como cualquier otro capital
La segunda señal no se manifestó con violencia, sino en la economía, el documento sostiene que las ganancias provenientes del narcotráfico dejaron de servir únicamente para financiar actividades ilícitas.
Ese dinero comenzó a convertirse en capital económico, político y social, capaz de fortalecer redes de corrupción, abrir puertas dentro de instituciones y consolidar relaciones de poder.
La corrupción dejó de ser un escándalo para convertirse en sistema
Durante años, Honduras convivió con denuncias de clientelismo, sobornos y tráfico de influencias.
El estudio plantea que esos hechos no eran episodios aislados, sino parte de un mecanismo que facilitó la protección de intereses ilícitos dentro del aparato estatal.
Esa dinámica permitió, según la investigación, el desarrollo de un "Estado en la sombra", donde las decisiones reales respondían a intereses distintos de los institucionales.
El crimen organizado dejó de comprar favores y empezó a ganar aliados
Otra señal fue la creciente cercanía entre organizaciones criminales y sectores con poder económico y político.
La investigación sostiene que integrantes de familias vinculadas al narcotráfico llegaron a ocupar espacios de influencia.
"Mientras miembros de las élites brindaban respaldo financiero, empresarial o político a estructuras criminales. Esa convergencia fortaleció la capacidad de esas redes para proteger sus operaciones".
La violencia escondía un problema mucho más profundo
Las cifras de homicidios ocuparon durante años el centro del debate sobre seguridad en Honduras.
Pero el estudio advierte que concentrarse únicamente en los asesinatos ocultó otras expresiones de criminalidad que crecieron con el narco.
Ejemplo: extorsión, tráfico de armas, secuestros, trata de personas y otras economías ilegales que prosperaban gracias a la impunidad y la debilidad institucional.
La respuesta del Estado no desmontó las estructuras criminales
Las políticas de "mano dura" buscaron contener el avance de pandillas y organizaciones criminales.
Sin embargo, la investigación sostiene que esas estrategias no atacaron las causas estructurales del narco.
"El hacinamiento penitenciario, la falta de reformas profundas y las debilidades institucionales facilitaron nuevos procesos de reclutamiento y fortalecimiento de grupos criminales".
Se medía la violencia, pero no quién controlaba el poder
Uno de los principales cuestionamientos del estudio apunta a los indicadores internacionales.
Mientras se analizaron homicidios, pobreza o crecimiento económico, pocas mediciones evaluaron hasta qué punto las redes criminales capturaron instituciones públicas o influían sobre las decisiones del Estado.
Esa omisión, sostiene la autora, dificultó comprender la verdadera dimensión del problema.
Las piezas terminaron formando una sola imagen
Durante años, policías investigados, alcaldes señalados, empresarios cuestionados, jueces bajo sospecha o estructuras criminales con vínculos políticos parecían casos independientes.
El estudio sostiene que, vistos de manera conjunta, esos hechos mostraron un patrón: la consolidación de un sistema donde el crimen organizado ya no necesitaba operar únicamente desde la clandestinidad porque logró extender su influencia sobre espacios clave del Estado.
Hoy, después de múltiples extradiciones, procesos judiciales y condenas contra figuras que alguna vez ocuparon posiciones de poder, muchas de aquellas señales adquieren un significado distinto.
Lo que durante años pareció una sucesión de episodios inconexos fue, según el estudio, las huellas de un proceso silencioso del narco.
Donde el narcotráfico dejó de limitarse a corromper instituciones y comenzó a utilizarlas para proteger y expandir sus propios intereses.
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