Las autoridades penitenciarias informaron este miércoles sobre el decomiso de varios teléfonos celulares y una computadora en la celda de máxima seguridad donde se encuentra recluido el extraditable Rafael Sosa Méndez, en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, a 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El hallazgo se produjo como resultado de una requisa realizada en el módulo de máxima seguridad en el que se encuentra el extraditable, quien, según las autoridades, había logrado introducir los dispositivos electrónicos de manera ilegal.
Esta operación generó un gran malestar entre los apoderados legales de otros privados de libertad que comparten módulo con Sosa Méndez, quienes expresaron su descontento por el proceso de revisión y los efectos que este podría generar en las condiciones de los demás reclusos.
La computadora y los teléfonos decomisados (que no son permitidos para los reclusos), podrían haber sido utilizados para coordinar actividades ilícitas fuera de la cárcel, lo que genera gran preocupación entre las autoridades.
Extraditable
Rafael Sosa Méndez, conocido por su implicación en hechos criminales, fue detenido en marzo de 2017, junto con varias personas, tras ser acusados de portación ilegal de armas, asociación ilícita y su vinculación en el asesinato del futbolista Arnold Peralta, ocurrido en 2015.
Además, Sosa Méndez enfrenta una solicitud de extradición de los Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.
A Sosa se le señala como parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, lo que ha incrementado su perfil como uno de los presos de alto riesgo dentro del sistema penitenciario hondureño.
Las autoridades han intensificado las requisas en varios módulos de la prisión como respuesta a este hallazgo y con el objetivo de evitar futuros incidentes relacionados con el tráfico de objetos prohibidos.
Presiones a beneficio de Sosa
Cabe resaltar que el pasado 1 de noviembre el presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, denunció que existían presiones judiciales para favorecer a Rafael Sosa.
"Hay un caso de un privado de libertad (José Rafael Sosa) donde me dan 24 horas para que salga. Los responsables de donde esté un preso es el Instituto Nacional Penitenciario; cualquier cosa que se quiera hacer, hagámoslo coordinado, no atemorizando directores", expresó Muñoz en ese entonces.
