Martha María Saire tenía 11 años cuando Honduras empezó a conocer su nombre. No era una estudiante destacada, ni la hija de una familia influyente, era una niña con discapacidad mental que vivió el abandono desde muy temprano y que terminó bajo el cuidado de instituciones estatales porque no existían familiares que se hicieran cargo de ella.

Lo que ocurrió después transformó su vida y también fue uno de los casos más emblemáticos sobre protección de menores y personas con discapacidad que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 9 de abril de 1994, cuando permanecía en el Centro de Orientación Juvenil de Támara, Martha fue víctima de una agresión sexual.

Cuando Martha apareció nuevamente en el centro, llevaba dos lempiras en la mano, no era un regalo ni una ayuda para una niña abandonada.

Según se consigna en el expediente, los hombres que la agredieron le entregaron ese dinero después del abuso y le advirtieron que no contara lo sucedido.

Aquellas dos monedas se convirtieron en una de las pruebas más estremecedoras del caso: el intento de comprar el silencio de una niña de 11 años que, además de vivir con una discapacidad mental, dependía de las mismas instituciones que debían protegerla.

La agresión se atribuyó a dos custodios asignados a labores de vigilancia en las instalaciones.

La denuncia desencadenó una investigación que años después terminó con la condena de los responsables.

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Martha Saire, un caso que trascendió los tribunales

La gravedad de lo ocurrido llevó a Casa Alianza y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995.

La reclamación no se limitó a señalar la responsabilidad de los agresores, también cuestionó la actuación del Estado frente a una niña que estaba bajo su custodia y que, por su condición de vulnerabilidad, requería una protección reforzada.

Mientras el caso avanzó, Honduras asumió la responsabilidad de garantizar su atención médica, psicológica y social.

Martha pasó a residir en instituciones especializadas donde recibiría tratamiento permanente.

caso Martha Saire
Una niña de espaldas mira hacia el vacío de un pasillo institucional. A la derecha, el bajorrelieve de la Justicia y, a la izquierda, una placa conmemorativa del Caso Martha María Saire ante la CIDH.

Cuando la protección volvió a fallar

En 2012, cuando ya era adulta y permanecía bajo cuidado institucional, Martha volvió a ser víctima de una agresión sexual.

El responsable fue posteriormente procesado y condenado por la justicia hondureña. Tras el proceso judicial, Martha quedó bajo el cuidado del Estado y la trasladaron al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.

En este lugar, recibiría atención médica, pero años después, cuando residía en ese centro asistencial, volvió a ser víctima de una agresión sexual, esta vez cometida por un visitante, según recoge el expediente de la CIDH.

El hecho provocó nuevas interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para proteger a personas en situación de vulnerabilidad y obligó a revisar las condiciones de cuidado que recibía.

Más que una indemnización

Después de años de negociaciones, Honduras y los representantes de Martha alcanzaron un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH.

Con el tiempo, ese acuerdo se actualizó para incorporar estándares modernos sobre discapacidad, autonomía personal e inclusión social.

La discusión dejó de centrarse únicamente en la asistencia institucional y comenzó a enfocarse en el derecho de Martha a participar en las decisiones sobre su propia vida.

La CIDH homologó finalmente el acuerdo en 2021, cerrando un proceso que se prolongó por más de un cuarto de siglo.

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La historia detrás del expediente

Detrás del caso 11.545 no hay únicamente resoluciones, informes o acuerdos internacionales.

Hay una niña que pasó de la calle a una institución estatal, que enfrentó años de dependencia y vulnerabilidad.

Es una historia que se convirtió en un recordatorio de que la protección de los más indefensos no depende únicamente de normas escritas.

La justicia llegó, hubo condenas, reconocimiento internacional y compromisos estatales.

Pero el expediente de Martha Saire también deja una lección: cuando una persona queda bajo custodia del Estado, cada falla en su protección tiene consecuencias que la acompañarán durante toda la vida.

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