Un abogado identificado como Salvador Maradiaga Reyes, de 32 años, fue asesinado este miércoles en su bufete jurídico ubicado en el barrio San Sebastián, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

De acuerdo con información preliminar brindada por la Policía Nacional a Noticieros Hoy Mismo de TSi, dos hombres llegaron al despacho y sostuvieron un breve diálogo con el profesional del derecho.

Posteriormente, le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables abandonaron la escena y huyeron en una motocicleta.

El portavoz de la Policía Nacional de Comayagua, Marco Antonio López, indicó que se realiza un análisis técnico del lugar de los hechos, así como de los procesos legales que llevaba el abogado para determinar hipótesis del crimen.

Línea de investigación por crimen de abogado

"El abogado llevaba casos de tráfico ilícito de drogas y se ha tomado esa línea de investigación", expresó López.

Mediante el sistema de cámaras de videovigilancia, las autoridades dan seguimiento a la ruta de escape con el objetivo de identificar y capturar a los responsables, quienes serán puestos a disposición de la justicia conforme a la ley.

"No se descartan allanamientos en las próximas horas", dijo el vocero policial.

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Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, más de 160 abogados han sido víctimas de homicidio durante los últimos 12 años.

Asesinato de abogados en Honduras

Según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), más de 200 abogados fueron asesinados entre 2004 y 2024 y 95 % de los casos se encuentran en la impunidad.

Además, al menos 227 abogados denunciaron entre 2016 y 2023 estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del organismo de derechos humanos, 170 abogados, que representan el 75 % del total de las quejas, denunciaron estar en riesgo de desplazamiento y 57 han sido víctimas de esta situación.

El 75 % de los profesionales del derecho denunció ser víctima de amenazas, mientras que el restante 25 % manifestó ser afectado por la extorsión, lesiones, atentados y tentativas de homicidio.

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