"Para nosotros, como países migrantes, esta legislación traspasa el límite al convertirse en una ley que ataca a un grupo específico, y la consideramos casi racista y xenófoba", expresó el canciller Eduardo Reina en el programa Frente a Frente de Canal 5.
Según el funcionario, esta ley no solo tendrá efectos negativos en los inmigrantes, quienes enfrentarán limitaciones en el trabajo, la salud y la movilidad dentro de Florida, sino también afectará la economía del estado.
"Hay poca gente dispuesta a realizar estos trabajos (que son realizados por indocumentados) (...) la industria de la construcción y la producción agrícola se verán afectadas", añadió.
Asimismo, se prevé que la ley de DeSantis generará un complejo éxodo de personas que abandonarán Florida en busca de otros estados de Estados Unidos.
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Qué establece la ley
La Ley SB 1617 Inmigration, que entró en vigor el 1 de julio de 2023, estipula que las empresas con más de 25 empleados deberán verificar el estatus migratorio de sus trabajadores mediante el sistema federal de verificación 'E-Verify'.
Aquellos que no cumplan con esta normativa podrían ser sancionados con la revocación de su licencia como empleadores, entre otras penalidades.
Además, la ley prohíbe el transporte voluntario y consciente de migrantes dentro o hacia Florida. Por primera vez, y sin tratarse de menores, esta acción será castigada con hasta 5 años de cárcel y una multa de hasta 5 mil dólares por cada migrante transportado. Los reincidentes que trasladen a menores o a más de cinco indocumentados enfrentarán hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares.
La ley también prohíbe a los migrantes el uso en Florida de licencias emitidas por otros estados, y los condados y municipios no podrán destinar fondos para emitir documentos a extranjeros indocumentados.
Además, los hospitales que acepten Medicaid, un seguro público para personas de bajos recursos, deberán incluir en sus formularios la identificación del paciente como ciudadano estadounidense, residente legal o extranjero con estancia irregular.
Según el canciller, actualmente cerca de 90 mil hondureños, que incluyen a naturalizados, residentes legales, inmigrantes legales, refugiados, asilados e indocumentados, residen en Florida.
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