La recién aprobada Ley de Transparencia y Registro del Beneficiario Final continúa generando debate en Honduras sobre sus verdaderos alcances.
Mientras algunos sectores empresariales temen que represente una nueva carga administrativa, autoridades financieras y especialistas en materia penal sostienen que la normativa será una herramienta fundamental para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y las estructuras empresariales utilizadas para ocultar actividades ilícitas.
El tema fue analizado en el programa Frente a Frente de este miércoles 17 de junio. Los invitados que participaron en este análisis fueron: Gustavo Solórzano y Julieta Suazo Franco, comisionados de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS); el doctor en ciencias penales Hermes Ramírez; el abogado penalista y experto en cumplimiento Félix Antonio Ávila; y el exfiscal de Lucha contra el Narcotráfico Nelson Domínguez.
Transparencia sobre quién controla las empresas
Uno de los principales defensores de la normativa fue el comisionado de la CNBS, Gustavo Solórzano, quien explicó que la finalidad de la ley es identificar a las personas naturales que realmente poseen o controlan sociedades mercantiles y otras estructuras jurídicas.
El funcionario detalló que el registro estará bajo la administración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia especializada que contará con estrictos mecanismos de seguridad para proteger la información recopilada.
Según explicó, todas las personas que constituyan sociedades mercantiles o formen parte de estructuras jurídicas estarán obligadas a presentar una declaración jurada que permita identificar al beneficiario final de cada organización.
La medida busca cerrar espacios utilizados históricamente para ocultar propietarios reales detrás de empresas, fideicomisos y otras figuras jurídicas que pueden ser aprovechadas para actividades vinculadas al lavado de dinero.
Un paso contra las empresas fantasma
Durante el foro, el doctor en Ciencias Penales, Hermes Ramírez, destacó que la nueva legislación permitirá combatir con mayor efectividad las denominadas empresas fantasma o de fachada.
A su juicio, el país mantenía una deuda pendiente con los estándares internacionales en materia de transparencia financiera, ya que varias naciones de la región implementaron registros similares hace varios años.
Ramírez consideró que la normativa facilitará el trabajo investigativo del Ministerio Público al permitir un acceso más rápido a información sobre los verdaderos propietarios de bienes, sociedades y activos relacionados con investigaciones por corrupción, narcotráfico y otros delitos financieros.
Asimismo, señaló que la nueva herramienta fortalecerá los controles en las contrataciones públicas, al permitir que el Estado conozca con precisión quiénes están detrás de las empresas que participan en procesos de licitación.
Prevención del lavado de activos
El abogado penalista y especialista en cumplimiento normativo, Félix Antonio Ávila, explicó que la ley debe entenderse dentro de un sistema moderno de prevención de riesgos financieros.
Según manifestó, las empresas también se beneficiarán al contar con mayores mecanismos de transparencia y control que les permitan evitar vínculos involuntarios con recursos de origen ilícito.
Ávila destacó que uno de los principios fundamentales de los sistemas de cumplimiento es conocer quién está detrás de cada operación económica, una práctica ampliamente utilizada en los sistemas financieros internacionales.
El jurista advirtió que Honduras debe evitar cualquier señal que pueda afectar su reputación internacional, especialmente en momentos en que organismos internacionales evalúan los avances del país en la lucha contra el lavado de activos.
Honduras se prepara para evaluación internacional
Otro de los aspectos abordados durante el programa fue la próxima evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema hondureño de prevención de delitos financieros.
Las autoridades explicaron que Honduras iniciará un proceso de revisión que se extenderá hasta finales de 2027 y que la implementación efectiva de esta ley será uno de los elementos observados por los organismos internacionales.
El cumplimiento de estas recomendaciones es considerado clave para mantener la confianza de inversionistas, organismos financieros y socios comerciales.
Mensaje de confianza para la inversión
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo Franco, afirmó que la aprobación de la ley envía una señal positiva a nivel nacional e internacional.
Según indicó, el país está demostrando su compromiso con la transparencia y con la construcción de un entorno económico más seguro para la inversión legítima.
La funcionaria sostuvo que la existencia de un registro de beneficiarios finales permitirá fortalecer la confianza en el sistema financiero hondureño y facilitará la llegada de nuevos proyectos productivos.
Además, recordó que la legislación forma parte de una estrategia más amplia que deberá complementarse con reformas adicionales relacionadas con el combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
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El reto será demostrar resultados
Aunque existe consenso entre los especialistas sobre la importancia de la normativa, también reconocen que el verdadero desafío comenzará durante su implementación.
La efectividad del registro dependerá de la capacidad de las instituciones para verificar la información, detectar irregularidades y garantizar que las estructuras empresariales sean utilizadas con transparencia.
Para las autoridades, la Ley de Transparencia y Registro del Beneficiario Final representa un paso decisivo para fortalecer la institucionalidad hondureña, mejorar los mecanismos de control financiero y reducir los espacios que históricamente han sido aprovechados por redes criminales para ocultar recursos de origen ilícito.
