La publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, pese a que fue vetada en 2023 por la expresidenta Xiomara Castro, abrió cuestionamientos sobre el procedimiento legal seguido para su divulgación.
El tema fue expuesto el domingo en el programa 30/30 de TSi, donde abogados, diputados y representantes de organizaciones civiles analizaron la cronología del decreto legislativo 08-2023.
Este lunes, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que presentará una iniciativa para derogarlo el martes.
La normativa fue aprobada en marzo de 2023 durante el Congreso presidido por el exdiputado Luis Redondo, y remitida al Poder Ejecutivo para su sanción.
Sin embargo, el 17 de marzo de ese año, Castro devolvió el decreto con un veto presidencial, al considerar que no cumplía con el propósito de prevenir integralmente los embarazos adolescentes.
Pese a ello, el texto apareció publicado en La Gaceta el 22 de enero de 2026, dos días antes de que concluyera la administración de Redondo.
CN derogará Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente
Zambrano explicó que, tras un veto presidencial, el Congreso debía someter nuevamente el proyecto a discusión y obtener 86 votos para ratificarlo. Según lo expuesto por autoridades legislativas, ese procedimiento no se cumplió.
El titular del Legislativo anunció que presentará una iniciativa para derogar el decreto y solicitará investigar cómo llegó el documento a La Gaceta y quién ordenó su publicación.
A su vez, aclaró que la derogación no excluye las indagaciones que corresponden al Ministerio Público sobre los responsables de enviar el decreto a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación.
Mientras el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, confirmó en Hoy Mismo de TSi que los registros de la Secretaría Legislativa contienen el veto recibido el 17 de marzo de 2023.
Sostuvo que el decreto debió regresar al pleno para su eventual ratificación y pidió investigar la publicación.
ENAG confirma recepción del documento firmado
El director de la ENAG, Juan Manuel Gálvez, confirmó a un medio local que la institución recibió el documento correspondiente al decreto 08-2023 con la firma de la expresidenta Xiomara Castro.
Según explicó, el documento incluía las firmas requeridas para su trámite, pero no estaba acompañado del oficio de remisión de Casa Presidencial, que debía contener las instrucciones para procesarlo.
"Según la información que tenemos, se remitió el documento, pero no con un oficio de remisión de Casa Presidencial; tenía todas las firmas que conlleva el documento para su proceso. Solo el oficio de remisión no se acompañaba", declaró Gálvez.
El funcionario añadió que, si el documento contaba con todas las firmas de respaldo, no habría causa penal por ese aspecto. Sin embargo, insistió que debía estar acompañado del oficio de remisión con las instrucciones correspondientes.
Abogados piden investigar posibles responsabilidades
Durante el análisis en 30/30, el abogado Kenneth Madrid señaló la necesidad de investigar cómo se produjo la publicación. La exfiscal de la Niñez Nora Urbina también sostuvo que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos de manera objetiva e imparcial.
Por su parte, el abogado y experto en derecho penal Hermes Ramírez explicó en Hoy Mismo de TSi que los artículos 216 y 217 de la Constitución establecen el procedimiento que debe seguirse cuando el Ejecutivo veta una ley.
Ramírez señaló que la publicación sin que se cumpliera el trámite constitucional podría presentar indicios de responsabilidad penal. Indicó que corresponde al Ministerio Público reconstruir la ruta del documento y determinar si hubo responsabilidades de funcionarios o empleados involucrados.
Entre las posibles figuras penales mencionadas están el abuso de autoridad y la falsedad ideológica, aunque su aplicación dependerá de los resultados de la investigación.
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