Los Cachiros sabían demasiado y sabían que venían por sus bienes. Sabían qué propiedades estaban bajo la mira y encontraron contactos capaces de acercarlos al poder y, según fiscales estadounidenses, hasta consiguieron información sobre movimientos policiales útil para transportar cocaína.

No era únicamente el poder de una organización criminal que aprendió a esconderse del Estado.

Era algo más peligroso: aprendieron a moverse por algunas de sus grietas y eso lo comprobó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en varios de los procesos contra hondureños que retrató cómo la organización construyó relaciones con políticos, funcionarios, policías y militares para proteger negocios, mover droga y blindar patrimonio.

Detrás de esos nombres quedó una historia más grande: qué ocurre cuando el narcotráfico deja de mirar al Estado como enemigo y comienza a encontrar personas dentro de sus estructuras que pueden resultarle útiles.

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El Estado preparaba el golpe; Los Cachiros ya lo sabían

Septiembre de 2013 dejó quizá una de las escenas más crudas de esa penetración, Los Cachiros estaban bajo presión.

Las sanciones estadounidenses y las acciones contra sus bienes amenazaron un patrimonio construido alrededor de negocios que ayudaron a proyectar una fachada de legalidad.

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) preparó acciones sobre activos vinculados a la organización.

Pero el factor sorpresa se rompió, según los expedientes estadounidense, uno de los líderes de Los Cachiros buscó conocer qué estaba a punto de ocurrir.

Contactaron a un funcionario de la OABI para obtener información sobre las incautaciones y obtuvo algo mucho más comprometedor: una lista de bienes que las autoridades pretendían incautar.

El Estado podía preparar un decomiso durante semanas, pero si la información escapaba antes de ejecutar la operación, el narco tenía tiempo para reaccionar.

La institución perseguía y el perseguido conocía el movimiento.

El esquema

El secreto tenía precio

Aquella información no circuló gratis, de acuerdo con el expediente, Los Cachiros pagaron aproximadamente 50,000 dólares por la información relacionada con las incautaciones.

Y el esfuerzo por mover y esconder patrimonio tuvo éxito parcial, el episodio revela otra dimensión del poder narco: la información también era mercancía.

Los Cachiros entendieron ese valor y no necesitaron tener una institución completa a su servicio. Bastó una conexión situada en el lugar adecuado para abrir una fuga de información.

Del dinero de la cocaína a los contratos del Estado

La penetración descrita por los fiscales no terminó en los decomisos, alcanzó los negocios.

Por eso crearon empresas que recibirían contratos públicos y pagarían comisiones de entre 10 % y 20 % del valor de esos contratos.

Según la Fiscalía estadounidense, la compañía que montaron Los Cachiros como el caso de INRIMAR se capitalizó con ganancias provenientes del narcotráfico y recibió contratos de instituciones gubernamentales.

Ahí el dinero cambió de ropa, ya no se ligó a cargamentos clandestinos, entró en una empresa capaz de contratar con el gobierno y proyectar una apariencia empresarial.

Esas actividades comerciales servían, en parte, para aumentar la apariencia de legitimidad de Los Cachiros y para lavar ganancias del narcotráfico.

El narco ya no estaba únicamente afuera intentando burlar al Estado, también hizo negocios alrededor de él.

Joya Grande
Joya Grande es, uno de los bienes más emblemáticos asegurados e incautados al cártel de narcotráfico de Los Cachiros en Honduras. Foto: cortesía.

No necesitaban controlar todo el Estado

Los expedientes del narcotráfico suelen producir una tentación: mirar los nombres y olvidar el mecanismo.

Pero probablemente la mayor enseñanza del caso de Los Cachiros está precisamente en hacer lo contrario.

Lo que describió la Fiscalía estadounidense es una organización capaz de construir conexiones específicas en lugares estratégicos. Conectó política, Policía, Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de bienes incautados y dependencias relacionadas con contratos públicos.

Eso era suficiente para hacer mucho daño, porque para penetrar un Estado no necesariamente hay que comprar el edificio completo; puede bastar con encontrar quién tiene la llave de la puerta que se necesita abrir.

Los nombres cambiaron, la lección quedó

Han pasado años desde aquellas operaciones y los hermanos Rivera Maradiaga terminaron colaborando con la justicia estadounidense.

Muchos de los protagonistas de aquella época desaparecieron del escenario que alguna vez dominaron.

Pero eso no vuelve viejo el expediente, al contrario. Leído años después, funciona como una radiografía de cómo una estructura criminal acumuló suficiente influencia para que información sensible dejara de ser completamente secreta.

Los contratos públicos aparecieran alrededor de sus empresas y algunas conexiones oficiales fueron herramientas para sus negocios.

Los Cachiros transportaban cocaína, pero su verdadero poder no estaba solamente en las toneladas que podían mover. Estaba en todo lo que lograron saber.

Porque cuando el narcotráfico conoce anticipadamente el golpe, encuentra quién puede abrirle una puerta y consigue información desde estructuras que deberían perseguirlo.

El problema deja de estar únicamente en las rutas de la cocaína, el problema ya está adentro.

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