A pocos metros de la carretera en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, varias familias indígenas lencas sobreviven bajo techos improvisados de cartón, plástico negro y pedazos de zinc corroído. Allí cocinan, duermen y esperan. Esperan volver a la tierra de la que los expulsaron, esperan dejar de mirar con temor cada vehículo desconocido que se detiene frente al campamento y esperan que alguien los escuche.
Hasta hace unos años cultivaban yuca, café, limón, tomate y malanga en las tierras que consideran ancestrales.
Hoy, en cambio, se bañan en un río cercano, recogen agua de lluvia y viven entre mosquitos, polvo y amenazas.
“No fue solo el desalojo, perdimos nuestra vida”, resume una de las mujeres de la comunidad.
La escena quedó retratada en el informe “Nuestra determinación supera nuestro miedo”, elaborado por una delegación independiente de abogados internacionales que visitó Honduras en septiembre de 2025.
Este equipo documentó el recrudecimiento del conflicto agrario y la criminalización de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
La misión la integraron expertos en derechos humanos de Chile, México, Brasil, Reino Unido y Colombia, quienes recorrieron Cortés, Colón, Comayagua y Tegucigalpa.
Pero detrás del informe, hay historias de hambre, niños desplazados, líderes asesinados y familias enteras sobreviviendo en la intemperie.
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La tierra que deja vidas rotas en una carretera
El informe dedica uno de sus capítulos al Consejo Indígena Lenca de El Cacao, integrado por 34 familias que durante décadas vivieron y cultivaron tierras en Santa Cruz de Yojoa.
Según la investigación, en junio de 2023 más de 200 policías participaron en un desalojo que terminó con viviendas destruidas, pertenencias quemadas y habitantes golpeados.
Desde entonces, al menos 16 familias sobreviven junto a la carretera. Viven en champas levantadas con tablas y nylon, sin acceso a agua potable, electricidad ni alcantarillado.
Son mujeres lavando ropa en un río y niños creciendo entre polvo y vehículos que pasan a toda velocidad.
La delegación internacional asegura que iobservaron amenazas directas contra la comunidad. Uno de los testimonios recogidos relata que un hombre, desde el otro lado de la carretera, los intimidaba con un machete.
Mientras tanto, varios líderes enfrentan procesos penales por usurpación y deben presentarse periódicamente ante tribunales, pese a no contar muchas veces ni siquiera con dinero para el transporte.
Criminalizados
El informe sostiene que en Honduras el sistema penal se utiliza contra personas que defienden la tierra y el territorio.
La delegación denuncia que delitos como “usurpación” se emplean para judicializar a líderes indígenas y campesinos, mientras continúan sin resolverse las irregularidades históricas sobre registros, títulos y catastro de tierras.
Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es el Decreto 93-2021, que, según los juristas, facilitó desalojos preventivos sin orden judicial y fortaleció el uso del poder penal en conflictos agrarios.
Para las comunidades, eso se traduce en miedo permanente. “No sabemos si mañana volverán a sacarnos”, relatan algunos habitantes citados en el informe.
El Aguán: muerte e impunidad
La investigación también pone el foco en el Bajo Aguán, una de las regiones más violentas del país en materia agraria.
Allí, organizaciones campesinas denunciaron ante la delegación más de 200 asesinatos desde 2010 y alrededor de 2,500 casos de criminalización relacionados con disputas territoriales.
El informe documenta ataques armados, desplazamientos y asesinatos de líderes campesinos ocurridos incluso después de acuerdos firmados con el gobierno hondureño.
Entre las víctimas mencionadas aparecen dirigentes vinculados a cooperativas campesinas del Aguán, varios de ellos asesinados por hombres armados cuyos casos continúan en la impunidad.
“Nuestra determinación supera nuestro miedo”
Pese al dolor, las comunidades insisten en permanecer. El propio título del informe nació de las palabras pronunciadas por campesinos e indígenas que, aun viviendo bajo amenaza, continúan reclamando tierra, agua y territorio.
“La violencia física y psicológica es una herramienta constante para intimidar, desplazar y desarticular la defensa del medioambiente, territorios indígenas y tierras campesinas”, concluye la delegación internacional.
Sin embargo, entre las champas improvisadas y el ruido interminable de la carretera, todavía hay familias que se niegan a abandonar la esperanza.
Porque aunque perdieron sus casas, sus cultivos y parte de su tranquilidad, aseguran que aún no les han arrebatado lo único que les queda: la decisión de seguir resistiendo.
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