El caso Koriun comenzó mucho antes de los allanamientos de abril de 2025. Sus antecedentes se remontan a 2018, cuando una pequeña operación financiera empezó a funcionar en San Pedro Sula, Cortés.

Siete años después, la empresa acumuló miles de inversionistas, oficinas en distintas regiones y una investigación que ahora alcanza posibles conexiones políticas.

El 11 de noviembre de 2026, Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones, rindió una declaración anticipada ante la justicia hondureña.

Durante su comparecencia, insinuó que al menos cinco políticos estarían relacionados con las operaciones de la empresa, aunque no reveló públicamente sus nombres.

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Cómo comenzó Koriun y se extendió por Honduras

Los antecedentes de Koriun Inversiones se remontan a 2018, cuando comenzó a funcionar desde una vivienda en San Pedro Sula.

Posteriormente, sus actividades se extendieron a otras zonas del país, mientras aumentaba el número de personas que entregaban dinero a cambio de rendimientos.

En 2024, la empresa ganó notoriedad en Choloma, Cortés, donde consiguió atraer a trabajadores, extrabajadores de maquilas, comerciantes y familias interesadas en incrementar sus ingresos.

La propuesta consistía en entregar capital y recibir ganancias periódicas que, según las investigaciones, alcanzaban el 5 % semanal.

Por ejemplo, una persona que aportaba 10,000 lempiras esperaba recibir 500 lempiras cada semana, conforme al rendimiento ofrecido.

Además, la empresa utilizaba redes sociales, principalmente TikTok, para promocionar sus operaciones y atraer nuevos participantes.

El crecimiento también se reflejó en la apertura de oficinas fuera de Cortés, entre ellas Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Danlí y La Entrada, Copán.

caso Koriun

El mecanismo detrás de las ganancias prometidas

El Ministerio Público estableció que Koriun operó mediante un esquema conocido como Ponzi.

Este mecanismo consiste en utilizar las aportaciones de nuevos participantes para pagar los rendimientos ofrecidos a quienes ingresaron anteriormente.

Según las investigaciones fiscales, la empresa no contaba con actividades económicas suficientes para sostener los pagos prometidos.

Por otra parte, los investigadores encontraron irregularidades en la documentación financiera y en los registros que debían justificar el movimiento de los fondos.

La empresa tampoco estaba autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para captar recursos del público.

Las primeras alertas y el permiso municipal

En diciembre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS identificó indicios de captación irregular de fondos.

Posteriormente, entre el 15 y el 20 de enero de 2025, las autoridades realizaron inspecciones relacionadas con las operaciones de Koriun.

Las diligencias permitieron identificar irregularidades en el manejo de recursos y en la documentación que respaldaba sus actividades.

En febrero de 2025, la CNBS advirtió públicamente que Koriun no tenía autorización para recibir depósitos del público.

También informó que los fondos entregados a la empresa no estaban protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

Sin embargo, Koriun contaba con un permiso municipal de operación otorgado por la Alcaldía de Choloma.

El 22 de marzo de 2024, Iván Velásquez había inscrito la actividad comercial como comerciante individual, según la cronología presentada por la CNBS.

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Abril de 2025: los allanamientos que destaparon el caso

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público ejecutó allanamientos y aseguramientos en instalaciones vinculadas a Koriun Inversiones.

En las operaciones participaron la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Los investigadores encontraron grandes cantidades de dinero almacenadas en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas.

Al día siguiente, el Ministerio Público informó que había contabilizado 358,721,490 lempiras en efectivo.

Entre los principales hallazgos figuraban más de 125 millones de lempiras en la vivienda de Velásquez y 51.7 millones en la sede principal de Choloma.

Asimismo, localizaron 62.9 millones en Juticalpa, 58.4 millones en Santa Bárbara y 50.7 millones en Choluteca.

También reportaron dinero en las oficinas de La Entrada, Copán, y Danlí, El Paraíso.

A estos hallazgos se sumaron 69.2 millones de lempiras en cuentas bancarias congeladas, además del aseguramiento de vehículos, propiedades y otros bienes.

Más de 35 mil afectados y miles de millones reclamados

La intervención provocó que numerosos inversionistas acudieran a las oficinas de Koriun para exigir la devolución de sus aportaciones.

En Choloma, Santa Bárbara y Copán se registraron concentraciones de personas que reclamaban el dinero entregado a la empresa.

Según Santiago Palma, representante de los inversionistas, el caso comprende aproximadamente 35,000 afectados en siete departamentos.

Palma estimó las pérdidas entre 7,500 y 8,000 millones de lempiras, cifras que atribuye a las reclamaciones de los participantes.

Los montos denunciados por los inversionistas superan ampliamente el dinero en efectivo localizado y las cuentas congeladas reportadas durante la intervención.

Además, los afectados han mantenido sus solicitudes de devolución y sus gestiones ante el Ministerio Público.

De las operaciones financieras a la investigación judicial

Las investigaciones llevaron al procesamiento de Iván Abad Velásquez Castro, identificado como gerente de Koriun Inversiones.

Velásquez enfrenta acusaciones por presunto lavado de activos, asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas.

El expediente también comprende actuaciones contra otras personas vinculadas con la administración y las operaciones de la empresa.

Mientras tanto, las autoridades han continuado investigando el origen, movimiento y destino de los fondos recibidos de los inversionistas.

peritos

Los señalamientos que ahora apuntan hacia políticos

El 11 de noviembre de 2026, el caso Koriun incorporó un nuevo capítulo con la declaración anticipada de Iván Velásquez ante un juez competente.

Antes de ingresar a la diligencia, el exgerente declaró ante periodistas: “Algo bueno se viene, estén pendientes”.

Cuando le preguntaron si había diputados o exdiputados involucrados, respondió: “De todo hay, hay de todo”.

Además, mediante gestos con sus manos, insinuó que al menos cinco figuras políticas estarían relacionadas con la trama investigada.

No obstante, Velásquez no identificó públicamente a esas personas ni precisó qué participación habrían tenido en las operaciones financieras.

Su abogado defensor, Carlos Chajtur, confirmó que la declaración fue amplia y que su contenido permanece bajo reserva.

También explicó que corresponde al Ministerio Público realizar nuevas diligencias a partir de la información proporcionada ante el juez.

Qué sigue en la investigación de Koriun

La nueva declaración coloca bajo investigación posibles conexiones entre las operaciones de Koriun y personas que no habían sido identificadas públicamente en el expediente.

El abogado penalista Félix Ávila explicó que Honduras no cuenta con una Ley de Colaboración Eficaz y que la declaración anticipada no elimina automáticamente las acusaciones contra Velásquez.

Asimismo, señaló que la Fiscalía deberá examinar la información recibida para determinar si permite identificar otros delitos o posibles responsables.

Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió que las investigaciones se traduzcan en acciones judiciales contra quienes resulten responsables.

El representante de los inversionistas, Santiago Palma, también solicitó que se investigue a las personas que pudieron recibir fondos.

La declaración del exgerente permanece bajo reserva judicial. Entretanto, el Ministerio Público tiene pendiente establecer el alcance de los nuevos señalamientos y determinar si existen elementos para presentar otras acusaciones.

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