Primero dejaron de comer, los ocho narcos mexicanos tenían cerca de una década encerrados en cárceles hondureñas y estaban dispuestos a presionar al Gobierno para conseguir lo que llevaban tiempo esperando: querían salir de Honduras.
Pero no pedían quedar libres, querían regresar a México para continuar allá las condenas de hasta 18 años que tribunales hondureños les impusieron por narcotráfico.
Era noviembre de 2005. Cinco hombres y cinco mujeres mexicanos recluidos en dos cárceles cercanas a Tegucigalpa comenzaron una huelga de hambre.
Las mujeres fueron las primeras, un día después se sumaron los hombres. La protesta duraría cuatro días y terminaría poniendo sobre el escritorio del entonces presidente Ricardo Maduro el destino de un grupo que llevaba años detrás de los barrotes hondureños.
De los diez que comenzaron aquella presión, ocho terminarían subiendo semanas después a un avión.
No viajaban como hombres y mujeres libres, agentes federales mexicanos llegaron hasta Honduras para llevárselos y hacer que continuaran cumpliendo sus condenas en México.
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Narcos mexicanos y una década presos en Honduras
La historia comenzó mucho antes, los cinco hombres que repatriaron eran Jesús Quintero Romero, Alfonso Meza Ceñudo, Efraín Corrales, Sabino Ramírez y Alberto Lagara. Permanecían en la Penitenciaría Nacional desde 1996.
Las mujeres eran María del Carmen Chávez, María Elizalde y Adelina García Ruiz. Ellas cumplían desde 1995 una sentencia de 15 años en el Centro Femenino de Adaptación Social en Támara.
Para 2005, aquellos narcotraficantes mexicanos acumularon aproximadamente una década dentro del sistema penitenciario hondureño.
Las condenas eran de hasta los 18 años, pero mientras el calendario avanzó dentro de las celdas, también cambió algo fuera de ellas.
Honduras y México contaban ya con un mecanismo que permitía trasladar condenados para que terminaran de cumplir sus penas en sus países de origen.
Los mexicanos querían acogerse a él y estaban cansados de esperar.
Diez comenzaron la huelga
El 1 de noviembre de 2005, la historia salió de las cárceles y llegó a los medios. Diez mexicanos condenados por narcotráfico, se declararon en huelga de hambre.
Su exigencia era concreta: ser enviados a México. No reclamaron que sus condenas se anularan, tampoco pedían que les abrieran las puertas para marcharse a casa.
Pretendían cambiar una prisión hondureña por una mexicana y estar más cerca de sus familias mientras terminaban de pagar sus penas.
Los reclusos designaron a Alba Mejía, entonces coordinadora del Centro contra la Tortura, como enlace con las autoridades hondureñas y la Embajada de México.
Mejía defendió públicamente la petición. “Es un reclamo justo”, declaró entonces y según explicó, los presos consideraron que cumplían el requisito temporal necesario para solicitar el traslado, al final, la presión surtió efecto.
Cuatro días sin comer
La huelga se prolongó durante cuatro días y fue cuando el entonces presidente Ricardo Maduro autorizó que ocho de los narcotraficantes mexicanos regresaran a su país.
El 8 de noviembre de 2005 informó sobre la autorización presidencial y Romelia de Artica, coordinadora de los tribunales de ejecución del Poder Judicial, explicó que los mexicanos continuarían pagando sus penas después del traslado.
Agentes federales de la Procuraduría General de México viajaron a Tegucigalpa para hacerse cargo de los ocho mexicanos.
Después de aproximadamente diez años entre cárceles hondureñas, los llevaron hasta un avión, el destino era México.
Otros dos mexicanos eligieron escapar
La salida de los ocho ocurría además en un momento incómodo para el sistema penitenciario hondureño.
Otros dos mexicanos relacionados con delitos de drogas tomaron un camino completamente diferente.
Escaparon, Jorge Arriola se fugó en diciembre de 2004 y Belisario Louco había huyó en agosto de ese mismo año.
Cuando los ocho mexicanos presionaron para regresar legalmente a su país, ambos seguían sin ser capturados, según los reportes publicados entonces.
A 21 años de ese caso
A casi 21 años de aquella repatriación, la historia de los ocho narcos mexicanos quedó como una fotografía de otro momento del narcotráfico en Honduras.
Eran extranjeros con condenas largas, cárceles de Támara convertidas en su hogar durante una década y una protesta que involucró a dos gobiernos.
Mucho cambió desde aquel noviembre de 2005, pero permanece la singularidad de aquel episodio.
Los ocho no hicieron huelga para recuperar la libertad, sino para decidir dónde terminarían de pagar por los delitos que los llevaron a prisión.
Cuatro días sin comer fueron suficientes para acelerar una espera de años. Después llegó la autorización presidencial, los agentes federales y el avión que los llevó de regreso.
Casi 21 años después, aquel vuelo tiene una paradoja difícil de olvidar: los ocho narcos mexicanos consiguieron salir de Honduras, pero ninguno salió libre.
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