Los túmulos en Honduras que fueron construidos sin cumplir requisitos técnicos podrían desaparecer de las principales carreteras del país.
Una nueva legislación, publicada en La Gaceta el 14 de noviembre de 2026, establece un procedimiento para identificar, evaluar y retirar progresivamente estas estructuras.
Sin embargo, la medida no significa que todos los túmulos serán eliminados. La disposición se concentra en aquellos que incumplan las condiciones técnicas establecidas.
Además, las alcaldías, patronatos y particulares ya no podrán decidir por su cuenta dónde instalar nuevos reductores en la red vial primaria.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendrá un papel determinante en las autorizaciones.
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Un año para identificar los túmulos que deberán desaparecer
El Decreto Legislativo 257-2026 establece un plazo de 12 meses para realizar un inventario nacional de los reductores existentes en la red vial primaria.
La SIT y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) deberán participar en este proceso.
Con ese inventario, las autoridades podrán determinar cuáles estructuras cumplen las condiciones técnicas y cuáles necesitan ser eliminadas o sustituidas.
Por tanto, el plazo de un año corresponde al levantamiento del inventario, no necesariamente a la desaparición de todos los túmulos irregulares.
La eliminación será progresiva, conforme a las evaluaciones y disposiciones técnicas correspondientes.

¿Quién podrá autorizar los nuevos reductores de velocidad?
La nueva legislación modifica las condiciones para instalar reductores de velocidad y cruces peatonales elevados en las carreteras nacionales.
En adelante, las solicitudes deberán someterse a la autorización de la SIT, siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento.
Esto significa que las comunidades y gobiernos municipales deberán acudir al mecanismo correspondiente antes de construir nuevas estructuras en la red vial primaria.
Asimismo, la normativa contempla un plazo máximo de 60 días para resolver las solicitudes de autorización.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) disponen de 180 días para emitir el reglamento.
Ese documento deberá desarrollar los procedimientos y requisitos aplicables a las nuevas instalaciones.
La ley también alcanza a los negocios junto a las carreteras
La regulación contiene otra disposición que va más allá de los túmulos y afecta las decisiones de los gobiernos municipales.
Las alcaldías no podrán autorizar la instalación de negocios dentro de los derechos de vía de las carreteras nacionales.
De esta manera, la legislación introduce restricciones tanto para la construcción de reductores como para la autorización municipal de actividades comerciales en esas franjas.

¿Qué ocurrirá con los que protegen escuelas y comunidades?
Uno de los puntos centrales será determinar cuáles reductores cumplen una función de seguridad vial y reúnen las condiciones técnicas necesarias.
Los túmulos y cruces peatonales elevados no quedan prohibidos de manera absoluta. Su instalación deberá responder a los procedimientos de autorización correspondientes.
Por ello, las comunidades que necesiten medidas para reducir la velocidad de los vehículos tendrán que tramitar las solicitudes ante las autoridades competentes.
La revisión también permitirá distinguir entre estructuras que pueden permanecer y aquellas que deberán sustituirse o eliminarse.
¿Cuándo comenzarán a desaparecer los túmulos?
Aunque la legislación ya está vigente, la retirada de las estructuras irregulares no será inmediata.
Primero deberá desarrollarse el inventario nacional, que permitirá conocer cuántos reductores existen en la red vial primaria y cuáles incumplen los requisitos.
Posteriormente, las autoridades deberán avanzar con las medidas de eliminación o sustitución que correspondan.
La normativa no establece una fecha única para que desaparezcan todos los túmulos considerados irregulares.
Por ahora, el cambio más importante es que la instalación de reductores en las principales carreteras de Honduras estará sujeta a controles y autorizaciones técnicas.
El resultado dependerá de la ejecución del inventario, la aprobación del reglamento y las decisiones que adopten las autoridades sobre las estructuras existentes.
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