El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, habría salido de Honduras el pasado 9 de octubre con destino a El Salvador y posteriormente habría viajado a Panamá y Madrid, España, de acuerdo con información obtenida por Radio HRN.
En ese contexto, el comisionado Melvin García Flores, jefe de operaciones de la Policía Nacional, señaló que "con esta narrativa y esta línea de fechas que se está generando y que tienen conocimiento ustedes, nosotros a través de la Interpol, se hace la comunicación, se hace el registro. Aquí es donde entra este protocolo que cumplimos a través de todos los operadores de justicia para ver estos movimientos migratorios".
Sobre Redondo pesa una orden de captura por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
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Según la información divulgada por la emisora, Redondo abandonó el territorio hondureño por vía terrestre hacia El Salvador. Posteriormente, habría tomado un vuelo hacia Panamá y desde ese país habría continuado su viaje a Madrid, que constituye el último registro de desplazamiento mencionado por HRN.
La emisora indicó que no se tienen registros de un ingreso posterior de Redondo a Honduras. Hasta el momento, con la información proporcionada, no se ha confirmado de manera independiente su ubicación actual.
¿Por qué hay una orden de captura contra Luis Redondo?
La orden de captura se deriva del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, por hechos relacionados con su gestión durante el período legislativo 2022-2026.
El expediente involucra a 14 imputados y contempla 21 delitos. Entre los señalamientos atribuidos a Redondo figuran la presunta usurpación de funciones, la perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones del Estado y la violación de los deberes de los funcionarios.
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Los señalamientos corresponden a una investigación penal y deberán resolverse conforme al procedimiento judicial, respetando la presunción de inocencia de los imputados.
La causa está a cargo de la jueza natural Anny Ochoa, quien confirmó que el Ministerio Público solicitó mantener el proceso bajo secretividad, petición que fue aceptada por la autoridad judicial.
Policía Nacional espera documentación para ejecutar la orden
El comisionado García Flores explicó que la institución debe seguir los protocolos correspondientes para ejecutar las órdenes de captura.
El funcionario indicó que la Policía está pendiente de recibir la documentación oficial para girar las instrucciones a los equipos y funcionarios encargados de cumplir la disposición judicial.
"Nosotros estamos al pendiente de tener documentos en mano a efectos de girar las instrucciones a todos los equipos, a todos los entes y funcionarios policiales para proceder con lo que corresponde -como con cualquier ciudadano- y darle cumplimiento a las órdenes de captura que se generan en orden", dijo.
García Flores también señaló que las instituciones encargadas de la justicia deberán realizar las comunicaciones nacionales e internacionales que correspondan para dar seguimiento al caso.
Esto significa que la ejecución de las medidas debe desarrollarse mediante los procedimientos legales establecidos y con la coordinación entre las autoridades competentes.
Caso permanece bajo secretividad
La jueza Anny Ochoa explicó que la reserva del proceso fue solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de que la divulgación de información pudiera afectar las pruebas o comprometer el desarrollo de la investigación.
La magistrada indicó que el procedimiento continuará conforme a las etapas establecidas en la legislación penal, con garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa.
Además, informó que algunos abogados ya se han personado en representación de los imputados y que las partes debidamente acreditadas serán notificadas de las resoluciones judiciales.
Según Ochoa, se programó para la próxima semana una audiencia de declaración de imputado para las personas que ya cuentan con defensa acreditada en el proceso.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Policía Nacional mantiene pendiente el cumplimiento de las órdenes de captura conforme a los procedimientos legales correspondientes.
