En la cuenta de la red social "X", el Poder Judicial informó que la audiencia inicial continuará este martes 16 de enero de 2024, dando continuidad a la presentación y evaluación de medios de prueba.
El viernes 12 de enero de 2024, el juez admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, así como las presentadas por la defensa de los imputados, para ser evacuadas durante la audiencia.
Pandora II es un caso de corrupción que involucra a dos expresidentes hondureños: Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York.
Hernández se encuentra actualmente detenido en una cárcel de Estados Unidos, a la espera de someterse a juicio a partir del 5 de febrero de 2024, por lo que no ha comparecido en este proceso.
Los acusados
Tanto Lobo Sosa como Hernández Alvarado enfrentan acusaciones por el delito de fraude. Mientras que Juan Orlando Hernández Alvarado también está imputado por el delito de lavado de activos.
Otras personas implicadas en el caso incluyen al expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato; al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit; a los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.
Asimismo, se señala al director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y al exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso
El expediente indica que estos exfuncionarios formaron parte de una red de corrupción entre 2010 y 2013, que estuvo involucrada en la aprobación y ampliación de desembolsos de fondos públicos por un total de L288 millones.
Estos desembolsos fueron autorizados desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa, destinados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
En el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, se señala que recibió financiamiento para su campaña política por un monto de L62 millones para el proceso electoral de 2023.
Estos fondos provinieron de desembolsos de instituciones públicas a las fundaciones, mediante la utilización de diversos métodos como la creación de empresas ficticias, prestanombres, contratos ficticios y movimientos como "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", así como la sociedad mercantil "La Cachureca" y sus gerentes de campaña departamentales.
Por otro lado, se menciona la participación directa de Porfirio Lobo Sosa al autorizar el traslado de fondos entre secretarías, facilitando así los desembolsos a las fundaciones utilizadas para el desvío de fondos, según las investigaciones del caso Pandora II.
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