Una vivienda que podría ser allanada sin autorización judicial previa, una persona sometida a un plazo procesal más largo tras su captura y un tatuaje convertido en elemento de prueba. Esos son algunos de los cambios que Honduras discute con las reformas penales en nombre de la seguridad.
Las reformas penales impulsadas por el Congreso Nacional prometen endurecer la respuesta contra las estructuras delictivas, pero también abren una controversia sobre los límites del poder estatal.
El debate dejó de ser exclusivamente jurídico cuando el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, anunció que no incorporará la mayoría de las observaciones formuladas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Su argumento es que Honduras necesita decisiones contundentes para recuperar la tranquilidad y que corresponde al Poder Legislativo determinar cuáles medidas aprobar.
Del otro lado, defensores de derechos humanos y profesionales del derecho advierten que una legislación más severa no debe debilitar las garantías constitucionales.
La discusión plantea un dilema que trasciende las diferencias políticas: cómo fortalecer la seguridad sin abrir espacios para detenciones arbitrarias, errores judiciales o actuaciones sin controles suficientes.
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Las reformas penales que cambiarían las reglas
El paquete legislativo contempla modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, con disposiciones dirigidas principalmente contra estructuras declaradas terroristas.
Entre las medidas anunciadas figuran:
- Allanamientos: permitir actuaciones sin orden judicial previa en determinados supuestos, sujetas a controles que deberán quedar definidos en la legislación.
- Plazos procesales: ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura en casos específicos.
- Tatuajes: valorar símbolos asociados a determinadas estructuras como elementos probatorios para sustentar acusaciones.
- Beneficios penitenciarios: restringir la libertad condicional y la preliberación para condenados por determinados delitos graves.
Zambrano asegura que las disposiciones excepcionales no están dirigidas contra ciudadanos comunes, sino contra integrantes de organizaciones consideradas de alta peligrosidad.
Sin embargo, la eficacia de esas medidas dependerá no solo de su severidad, sino también de la claridad con que se establezcan sus límites.
La Corte Suprema pone condiciones a la mano dura
La Corte Suprema de Justicia remitió sus observaciones al Congreso el 20 de octubre, después de examinar los proyectos sometidos a consulta.
Los magistrados plantearon controles específicos para evitar que las nuevas facultades se ejerzan sin supervisión.
En materia de allanamientos, recomendaron la participación de un fiscal y la posterior convalidación de un juez, aun cuando la actuación se realice sin autorización judicial previa.
Respecto a los tatuajes, la Corte advirtió que su presencia no debería bastar por sí sola para atribuir responsabilidad penal.
También propuso reconsiderar la eliminación absoluta de determinados beneficios penitenciarios y contemplar mecanismos para quienes colaboren eficazmente con la justicia.
Las recomendaciones revelan una diferencia de enfoque: mientras el Congreso busca acelerar y endurecer la respuesta institucional, la Corte insiste en conservar mecanismos de control.
No obstante, el artículo 219 de la Constitución establece la consulta judicial para determinadas reformas legales, sin convertir la opinión de la Corte en una decisión vinculante.
Por tanto, el desacuerdo no significa automáticamente que el Congreso esté actuando fuera de sus competencias.
La discusión de fondo es si el texto finalmente aprobado respetará los límites constitucionales.
Zambrano defiende las decisiones fuertes
El presidente del Congreso Nacional sostiene que la legislación vigente no proporciona todas las herramientas necesarias para enfrentar a las estructuras delictivas.
Durante una reunión con alcaldes en la zona del Lago de Yojoa, el 22 de octubre, reiteró que el Legislativo seguirá adelante pese a las diferencias con la Corte Suprema.
Para Zambrano, las observaciones judiciales tienen un carácter ilustrativo y corresponde a los diputados decidir sobre el contenido definitivo de las reformas.
El funcionario considera que los mecanismos excepcionales permitirán actuar con mayor rapidez frente a organizaciones que operan mediante amenazas y otras formas de intimidación.
También defendió la utilización de tatuajes asociados a pandillas como elementos para sustentar acusaciones, argumentando que muchas víctimas temen denunciar.
Su posición parte de una preocupación concreta: la dificultad de investigar y llevar ante los tribunales a integrantes de estructuras que ejercen control sobre determinadas comunidades.
Sin embargo, esa dificultad investigativa abre otra interrogante: si la falta de denuncias puede compensarse con indicios cuya valoración también podría producir identificaciones equivocadas.
Los defensores cuestionan hasta dónde llegará el Congreso
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), pidió examinar las reformas penales a la luz de la Constitución y los tratados internacionales.
Su preocupación también alcanza la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal, una discusión que considera necesario abordar con especial cuidado jurídico.
Maldonado reconoce la necesidad de enfrentar la violencia, pero advierte que las decisiones legislativas deben respetar los compromisos internacionales asumidos por Honduras.
El defensor también reaccionó a las declaraciones del diputado Francis Cabrera, secretario del Congreso Nacional, quien manifestó su disposición a eliminar derechos humanos si considera que estos favorecen más a los delincuentes que a los ciudadanos.
La afirmación provocó cuestionamientos porque los derechos humanos no son beneficios exclusivos de quienes enfrentan procesos judiciales.
También protegen a víctimas, testigos y ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.
En el ámbito penal, esas garantías incluyen la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el acceso a un juez competente.
Las opiniones que profundizan la controversia
El debate también llegó a los profesionales del derecho, quienes cuestionan que el endurecimiento de las leyes sea suficiente para resolver las debilidades de la justicia hondureña.
El abogado Félix Ávila, expresó reservas sobre la tendencia a privilegiar las capturas y el aumento de penas por encima de las investigaciones.
Su planteamiento apunta a una dificultad persistente: ninguna reforma sustituye la necesidad de reunir pruebas sólidas y presentar expedientes capaces de sostenerse ante los tribunales.
El abogado Elvin Carrillo también cuestionó que determinados tatuajes puedan utilizarse para vincular a una persona con organizaciones delictivas.
Carrillo advirtió sobre el riesgo de interpretar símbolos corporales sin suficiente respaldo probatorio, una preocupación que coincide con las observaciones atribuidas a la Corte Suprema.
Por su parte, el abogado Luis Reyes cuestionó las prioridades de la política penal hondureña.
“Ya no son escuelas las que construimos, sino cárceles”, expresó al señalar el énfasis de las autoridades en ampliar la infraestructura penitenciaria.
El Congreso tendrá la última palabra, pero no sin límites
Las reformas todavía deben completar su discusión legislativa. El Congreso anunció que prevé abordarlas el próximo martes 27 de octubre, después de analizar las observaciones judiciales.
Aunque la opinión de la Corte Suprema no obliga al Legislativo a aceptar todas sus recomendaciones, las normas aprobadas seguirán sujetas a la Constitución y a los mecanismos de control correspondientes.
Eso significa que la discusión no termina cuando los diputados voten. El contenido definitivo de las disposiciones será determinante para establecer su alcance y sus posibles consecuencias.
Para las autoridades, las medidas representan una oportunidad de responder con mayor firmeza a las exigencias de seguridad.
Para sus críticos, el peligro está en que la urgencia por obtener resultados debilite garantías que existen precisamente para impedir errores y abusos.
Honduras no tiene que escoger entre proteger a sus ciudadanos y respetar sus derechos.
El verdadero examen de estas reformas será demostrar que el Estado puede hacer ambas cosas, sin convertir la excepción en una regla permanente.
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