En el tercer día del juicio contra Carl Zaglin en la Corte del Distrito Sur de Florida se vio a Aldo Marchena, exbanquero y hoy reo confeso, cruzar la sala vestido con un uniforme de prisión color canela, las manos y los pies encadenados.

Con voz firme, dijo que vivía “enfrente”, en el centro de detención federal de la ciudad. Esa escena, marcó el tono del día: un testigo que habló desde el lado oscuro de los negocios y que reconoció haber sido engranaje de un mecanismo de corrupción que atravesó a Honduras.

Marchena: "Recibí dinero y envié pagos de sobornos"

Marchena no se anduvo con rodeos. “Recibí dinero y envié pagos de sobornos”, declaró ante el jurado.

El exbanquero señaló que las órdenes le llegaron “indirectamente” de Carl Zaglin. Explicó que un empleado del empresario de Georgia le dio instrucciones precisas sobre dónde enviar los fondos.

En junio Marchena admitió su culpa por conspiración para lavado de dinero. Confesó que recibió cerca de 2,5 millones de dólares de la empresa de Zaglin.

También dijo que transfirió la mayor parte de esos fondos, menos su comisión, a funcionarios hondureños y a otros implicados en el esquema de sobornos para la compra de uniformes policiales.

El papel de los Berkman y el contrato “farsa”

Marchena relató que se introdujo al esquema por Luis Berkman, primo de su exesposa y entonces vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, la empresa de Zaglin.

Una primera reunión en septiembre de 2015 apenas dejó detalles, pero el exbanquero decidió firmar un contrato de intermediación.

Ese contrato, dijo, fue una fachada. “Cuando firmé, pensé que era poco ético, pero nada más. No estaría haciendo lo que me exigía el contrato”, confesó.

Admitió que su rol real era pagar sobornos. Sus intercambios con Zaglin se limitaron a facturas y cálculos que sustentaron las transferencias ilícitas, mientras que con Berkman afinó dónde y a quién enviar el dinero.

Los funcionarios hondureños en la trama

Entre los beneficiados de los pagos apareció el nombre de Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, quien también se declaró culpable.

Marchena recordó las dificultades que enfrentó en un momento para hacerle llegar el dinero.

“No quería que hablara con él sobre Francisco por el… teléfono”, citó, para recordar que Zaglin le colgó cuando intentó contactarlo directamente.

El exbanquero también aseguró que entregó sobornos a Luis y Bryan Berkman, este último entonces empleado de un distribuidor de suministros tácticos.

El testimonio en Miami

La narración de Rubenfeld deja ver la crudeza del día: un hombre que alguna vez movió millones para la banca internacional, con su relato de cómo alimentó la corrupción en Honduras.

Marchena será sentenciado a finales de octubre, y su testimonio continúa siendo clave para el futuro de Zaglin, quien enfrenta cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por contratos de casi 11 millones de dólares en uniformes policiales.

El proceso expone cómo Honduras volvió a aparecer en un tribunal estadounidense, no como víctima aislada, sino como escenario de sobornos que atravesaron gobiernos, empresarios y sistemas de justicia.

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Un juicio que apenas comienza

El testimonio de Marchena aún no concluye. Mientras tanto, el tribunal también escuchó a Bryan Berkman, quien reconoció que organizó pagos directos a Cosenza y cuya cooperación le permitió reducir sus condenas en otros casos.

La defensa, sin embargo, insistió en que él nunca habló con Zaglin sobre Honduras, centrando su papel en acuerdos menores y en el caso boliviano de gas lacrimógeno.

La audiencia cerró dejando en el aire una certeza: el juicio contra Carl Zaglin no solo expone un esquema empresarial, sino la manera en que la corrupción se abrió paso con dólares, facturas falsas y funcionarios hondureños listos para recibir.

El juicio continuará el lunes 8 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Florida.