Luego de que un recurso de amparo anulara el proceso judicial interpuesto en su contra por vulneraciones al debido proceso, la representación legal del exjuez Marco Vallecillo sostiene que su estado procesal ha retornado al punto de origen, restituyendo de manera íntegra su presunción de inocencia.
Con el respaldo de este fallo, Vallecillo se apersonó a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para formalizar una serie de diligencias administrativas. Su objetivo central es clarificar su estatus institucional y solicitar el acceso inmediato a sus labores habituales dentro del Poder Judicial.
La gestión administrativa no solo busca la restitución de sus derechos laborales, sino también sentar un precedente sobre el respeto a la normativa interna. El equipo legal asegura que el funcionario no ha sido notificado de ningún despido formal, por lo que su suspensión actual carece de sustento jurídico.
Claridad laboral: La defensa rechaza la figura del 'reintegro'
Uno de los ejes centrales de la solicitud ante la CSJ radica en la definición técnica de su estatus laboral.
La defensa de Vallecillo promueve el levantamiento de un acta notarial para que la autoridad judicial esclarezca la situación del funcionario, argumentando que en su expediente personal no figura ninguna notificación oficial de despido ni de suspensión formal.
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Bajo este argumento, la representación legal enfatiza que no están exigiendo un 'reintegro' —mecanismo aplicable únicamente tras una destitución formal—, sino la apertura para retomar su puesto de trabajo.
Según la defensa, la interrupción de sus funciones respondió a una medida arbitraria que carece de validez tras la anulación del juicio.
El amparo de la carrera judicial frente a condenas firmes
El equipo legal fundamenta su postura estrictamente en los reglamentos de la carrera judicial, los cuales protegen la estabilidad de los servidores del sistema de justicia.
De acuerdo con la normativa vigente, un funcionario solo puede ser separado de forma definitiva de su cargo si existe una sentencia condenatoria firme en su contra.
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Al no existir dicho fallo perjudicial, la defensa sostiene que Vallecillo conserva intactos sus derechos ciudadanos y profesionales. Por ello, insisten en que la administración de la CSJ debe facultar su retorno sin dilataciones injustificadas.
Antejuicio, titularidad del despacho y acompañamiento institucional
Respecto al escenario penal, la defensa adelantó que cualquier intento del Ministerio Público por reabrir la acción penal requerirá agotar previamente la figura del antejuicio.
Sin embargo, advierten que promover un nuevo juicio sobre la misma causa podría incurrir en la violación del principio constitucional que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.
En cuanto a su eventual retorno como titular o coordinador de los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, la defensa aclaró que la asignación de dicho despacho operativo quedará bajo la facultad discrecional de la Presidencia de la CSJ.
La jornada contó además con el acompañamiento de representantes de Derechos Humanos para observar el cumplimiento de las garantías institucionales.
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