Mario Guillermo Mejía Vargas tenía una carrera impecable dentro de la Policía Nacional de Honduras.
Su rostro amable y su actitud proactiva lo habían convertido en una figura respetada, tanto dentro de la institución como en las comunidades donde prestó servicio.
Nadie sospechaba que aquel oficial, egresado de la Academia Nacional de Policía (Anapo), estaba involucrado en los circuitos más oscuros del narcotráfico que asfixiaban el país.
Mejía Vargas estuvo asignado en Copán, donde fue jefe de Tránsito y vocero policial. Luego lo trasladaron a Tegucigalpa, donde desempeñó funciones en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y en Casamata.
Su carisma lo impulsó a ser designado vocero de la Policía, consolidando su imagen pública. Todo parecía indicar que era un hombre de ley, pero el telón cayó de forma abrupta cuando su nombre apareció en un informe estadounidense.
La caída de un comisario
El 11 de julio de 2016, el gobierno de Estados Unidos acusó a seis altos oficiales de la Policía Nacional de Honduras de facilitar el tráfico de cocaína hacia el norte.
Entre ellos estaba Mejía Vargas. Sorprendentemente, él y sus compañeros optaron por entregarse de forma voluntaria en la base militar de Palmerola.
La acusación los señalaba de recibir sobornos para garantizar el paso seguro de droga desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.
Sin embargo, Mejía Vargas negó en todo momento haber recibido dinero. Argumentó que sus acciones fueron parte de operaciones autorizadas y justificó su implicación en un operativo en La Mosquitia, donde, según él, el objetivo era decomisar cargamentos de droga y enfrentar a narcotraficantes locales.
Implicado en el asesinato de Orlan Chávez
El deterioro de la imagen de Mejía Vargas se profundizó en 2017, cuando el Ministerio Público de Honduras confirmó su participación en el asesinato de Orlan Chávez, el fiscal del crimen organizado conocido como el "Fiscal de Oro".
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FEDCV) revelaron que Mejía Vargas había contratado sicarios para ejecutar a Chávez, quien había estado investigando a un familiar suyo.
“Estaba investigando a un primo mío. Encontré gente para matarlo”, confesó fríamente en Nueva York.
Pero su historial de sombras no terminó allí. El nombre de Mejía Vargas también aparecía en el informe DGPN-DED2-DI-No.1101-2009, que detallaba la planificación del asesinato de Julián Arístides González, zar antidroga de Honduras.
Un hombre marcado por la traición
Tras su captura, la vida de Mario Mejía Vargas tomó un giro inesperado. Se convirtió en testigo clave de la Fiscalía de Nueva York.
Bajo el seudónimo de Geovanny Rodríguez, proporcionó información en los juicios contra Tony Hernández y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Mejía Vargas trabajó con el narcotraficante guatemalteco Juancho León, facilitando operaciones mediante la conexión de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo".
También admitió haber pagado a Mauricio Hernández Pineda, otro expolicía y familiar del expresidente, para obtener información sobre operativos antidrogas.
Su cooperación
Hoy, Mario Guillermo Mejía Vargas permanece detenido en Nueva York, visiblemente desgastado por ocho años de encierro.
Sin embargo, su colaboración con las autoridades estadounidenses podría significar la única esperanza de evitar una condena severa.
En Honduras, su nombre quedó marcado como el expolicía que cruzó la delgada línea entre el cumplimiento de la ley y el crimen organizado.
Para muchos, su historia es una advertencia del nivel de infiltración del narcotráfico en las instituciones del país.
Para otros, es simplemente una traición a la confianza de una nación que alguna vez lo vio como un ejemplo de servicio y compromiso.
