Tener a un sospechoso hasta 48 horas detenido, cerrar comunicaciones desde las cárceles y llevar determinados casos ante circuitos judiciales especializados forman parte del nuevo tablero con el que Honduras pretende enfrentar al crimen organizado.
El cambio va más allá de desplegar policías y militares en las calles, las autoridades preparan reformas que buscan ampliar las herramientas disponibles para investigar, capturar, procesar y mantener bajo mayor control a integrantes de estructuras criminales.
La diferencia está en cómo pretenden hacerlo: el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) descartó recurrir, por ahora, a otro estado de excepción.
Ahora la apuesta del Gobierno es avanzar hacia lo que denomina un “estado ordinario reforzado”.
Es decir, fortalecer las facultades de las instituciones mediante reformas legales sin recurrir a la suspensión de garantías propia de un régimen excepcional.
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Combate al crimen de 24 a 48 horas
Uno de los cambios más concretos está en el reloj, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que entre las reformas buscan ampliar de 24 a 48 horas el período de detención en casos relacionados con estructuras criminales.
Según explicó el funcionario, ese tiempo adicional permitiría a los investigadores recopilar más elementos para documentar los expedientes antes de que los detenidos sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
La ampliación, sin embargo, todavía forma parte de las reformas anunciadas y requerirá el trámite legislativo correspondiente.
El Congreso también prepara modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y legislación penitenciaria para ampliar las herramientas jurídicas disponibles frente al crimen organizado.
Menos comunicación desde las cárceles
La otra parte de la estrategia mira hacia adentro de los centros penitenciarios y entre las disposiciones anunciadas aparecen controles especiales para privados de libertad considerados de alta peligrosidad y restricciones a sus comunicaciones.
El objetivo declarado es limitar la capacidad de las estructuras criminales para mantener operaciones desde prisión.
La medida cobra especial importancia frente a organizaciones cuya actividad no necesariamente termina cuando sus integrantes son encarcelados.
A esto se suma la creación de circuitos judiciales especializados para conocer casos relacionados con terrorismo, otra pieza del nuevo esquema impulsado por las autoridades.
Tres estructuras bajo la mira
El giro comenzó después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara asociaciones terroristas a tres organizaciones criminales.
Las autoridades identificaron dentro de la nueva estrategia a la MS-13, Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
La declaratoria abrió paso a una persecución más focalizada contra integrantes y cabecillas de esas estructuras.
Paralelamente entró en ejecución el Plan Escudo de Honduras, que articula a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Militar del Orden Público, Ministerio Público y la Agencia Nacional contra el Crimen.
Los primeros operativos dejaron 18 personas detenidas, según el balance divulgado por las autoridades.
El mapa operativo se amplía
La estrategia tampoco se concentra en una sola ciudad y entre los territorios priorizados figuran sectores del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro.
En esas zonas se prevé reforzar la presencia de unidades especializadas y desarrollar labores de inteligencia, investigación y persecución criminal.
El Plan Escudo contempla tres momentos: intervención, control y estabilización territorial, con acciones dirigidas particularmente contra estructuras consideradas asociaciones terroristas.
Sin estado de excepción
El cambio más significativo está en la fórmula escogida, Seguridad planteó ampliar o crear un nuevo estado de excepción, pero el CNDS optó por no continuar bajo ese mecanismo.
En su lugar, las autoridades pretenden trasladar mayores capacidades de persecución al funcionamiento ordinario de las instituciones mediante reformas legales.
Eso significa que parte de la discusión sobre seguridad se trasladará ahora al Congreso Nacional, donde deberán definirse los alcances concretos de las nuevas facultades.
Porque detrás de los operativos y las capturas hay cambios que tocarían puntos sensibles del proceso penal.
Cuánto tiempo puede permanecer detenida una persona, bajo qué condiciones pueden restringirse sus comunicaciones y qué tribunales conocerán determinados casos.
Ese será el verdadero alcance de las nuevas reglas contra el crimen organizado: no solamente quién será perseguido, sino con qué facultades podrá hacerlo el Estado.
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