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Estas declaraciones surgen tras el discurso de la presidenta Xiomara Castro, durante la instalación de la III legislatura en el Congreso, donde destacó que el establecimiento de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne se considera un proyecto de "seguridad nacional".

El diseñador del principal centro penitenciario del país explicó que un problema es el déficit de espacio físico en la mayoría de los presidios hondureños, con una sobrepoblación que alcanza hasta el 145% y en algunos casos incluso el 300%. 

“Si no podemos controlar adecuadamente los centros penales en tierra firme, ¿cómo vamos a manejar una situación de amotinamiento a 250 kilómetros de la costa, considerando el tiempo de reacción?” planteó el experto.

En tierra firme

Hernández ilustró que en tierra firme, el costo promedio de construcción en el país es de alrededor de L15 mil por metro cuadrado, mientras que en la isla de Roatán este costo puede oscilar entreL30 a L45 mil.

Tras esta comparación, el entrevistado comentó que el proyecto no se ha socializado adecuadamente y se da por sentado que comenzará el próximo mes de febrero de 2024.

“El gobierno ha afirmado que el proyecto tendría la capacidad de albergar a unos 2,000 reclusos de alta peligrosidad, con una estimación de inversión por cada interno en términos de costo de construcción de al menos un millón de lempiras, sin mencionar los costos operativos", agregó.

El arquitecto señala que un proyecto de megacárcel sería más viable en tierra firme, por lo que considera que "no es factible" realizarlo en la isla, además de las implicaciones ecológicas que tendría en la zona.

“Hay suficientes espacios y lugares adecuados para hacerlo, hay muchas áreas por desarrollarse, incluso los penales deberían ser autosustentables. Se puede crear una agroindustria en ellos”, externó.

Demanda internacional

El presidente de la Asociación Miskita Afrodescendiente e Indígena, Modesto Morales, expresó que ya existe conocimiento a nivel internacional sobre "la amenaza y el abuso" que las autoridades podrían cometer con el proyecto de construcción de una cárcel en la Isla del Cisne.

El líder afirmó que, a pesar de los convenios universales, las autoridades no están dispuestas a escuchar al pueblo, señalando que el proyecto gubernamental pondría en peligro un patrimonio de reserva natural en el Caribe hondureño.

Morales destacó que se trata de un plan de manejo que se está llevando a cabo sin consulta previa, lo cual podría llevarlos a emprender acciones legales.

Refirió que los pueblos indígenas también merecen que los consideren dentro de esa seguridad nacional.

"Defendemos nuestras raíces, el medio ambiente; esta es una lucha en la que debemos aferrarnos a nuestras creencias porque será muy difícil, pero llegaremos hasta donde sea necesario para defender este territorio que tanto nos ha costado", concluyó.

La cárcel

Hasta ahora, la licitación para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne sigue sufriendo retrasos y ahora deberán esperar resultados de estudios de campo por parte de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna).

Esta entidad, además, debe emitir la licencia ambiental y posteriormente, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) deberá elaborar las bases para la licitación.

La Secretaría de Defensa había anunciado que la licitación se lanzaría a finales del año pasado, luego lo anunciaron para enero, y ahora no ha fecha precisa para ello.

"Todavía se están realizado las visitas de campo por parte de las inspecciones ambientales que se deben realizar", señaló el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.

Zelaya dijo que Serna no ha terminado de hacer su trabajo, por lo que la licitación podría darse luego del primer trimestre del 2024.

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