El quinto día del juicio contra el empresario estadounidense Carl Zaglin dejó al descubierto un capítulo oscuro de sobornos en la Tasa de Seguridad (Tasón).
Se mencionó al exministro de Seguridad Julián Pacheco en un entramado de sobornos vinculados a contratos de uniformes policiales en Honduras.
Según el testimonio de Luis Berkman, socio de Atlanco, los pagos ilegales se canalizaron a través del exbanquero Aldo Marchena en un sistema de “cascada” de comisiones del 20%, que habría beneficiado tanto a Pacheco como a Juan Ramón Molina.
A ello se sumó la confesión del propio Molina, quien admitió haber recibido más de 100 mil dólares en transferencias dirigidas a Sky Max Leasing, una empresa que controlaba en Belice para ocultar los pagos.
En la sala, Juan Ramón Molina Rodríguez, exdirector de la institución hondureña, admitió que recibió sobornos para agilizar pagos de contratos de uniformes policiales.
Molina confesó que en 2017 aceptó tres transferencias ilícitas que sumaron 114 mil dólares (unos 2.9 millones de lempiras), canalizadas a través de una empresa en Belice.
“Sé que lo que hice no estuvo bien en ese entonces. Quiero cerrar este capítulo de mi vida”, declaró ante el jurado Molina.
Cómo operó el esquema de sobornos en la Tasa de Seguridad
Molina explicó que los sobornos no sirvieron para adjudicar el contrato, ya que la Policía Nacional fue quien negoció con la empresa Atlanco, propiedad de Zaglin.
El pago ilegal, dijo, fue para que la Tasa de Seguridad liberara más rápido los fondos en medio de una burocracia plagada de retrasos.
El vínculo se consolidó gracias a Francisco Cosenza, director en ese entonces del Tasón, quien le propuso la operación.
“Me dijo que había dinero si agilizábamos un pago”, recordó Molina, al detallar que cada transferencia coincidió con desembolsos oficiales de la Tasa hacia Atlanco.
Los fiscales presentaron pruebas que confirmaron cómo se movió el dinero ilícito. Según los registros bancarios, Molina recibió tres transferencias en 2017, cada una realizada poco después de que la Tasa hizo pagos a Atlanco.
Los sobornos no fueron depositados a título personal, sino que se canalizaron a Sky Max Leasing, una empresa registrada en Belice y controlada por el propio Molina.
Uniformes en tiempos de violencia
El contrato con Atlanco surgió en un contexto marcado por la violencia en Honduras. El gobierno necesitaba uniformes que no pudieran falsificarse, después de que delincuentes comenzaron a hacerse pasar por policías.
La empresa estadounidense ofreció prendas con etiquetas ocultas en la tela, lo que permitiría rastrear cada uniforme.
Aunque la propuesta parecía una respuesta a un problema de seguridad, detrás de la operación se movía un entramado de sobornos.
Textos, transferencias y precauciones
El jurado también tuvo acceso a mensajes de texto entre Molina y Cosenza. En uno de ellos, al descubrir que los pagos provenían de bancos estadounidenses, Molina reaccionó con preocupación: “Habíamos dicho que no de Estados Unidos".
Al ser interrogado sobre esta frase, explicó que temía que las entidades bancarias exigieran documentación adicional que expusiera la operación ilícita. Pese a estas precauciones, el dinero circuló y los contratos siguieron avanzando.
Otros testimonios que apuntan a Zaglin
El relato de Molina no fue el único que comprometió a Atlanco. Luis Berkman, exejecutivo de ventas de la compañía, declaró en la mañana, que sobornó a funcionarios hondureños con el aval de Zaglin.
Grabaciones de audio incautadas a su computadora fueron reproducidas en la sala, y en ellas se escuchó al empresario responder “sí, sí” cuando le explicaron el esquema de pagos ilegales.
La defensa intentó desacreditarlo señalando sus propios problemas judiciales, pero las pruebas dejaron al jurado con una radiografía clara: el negocio de los uniformes policiales estaba contaminado por los sobornos.
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Una “cascada” que salpica más alto
El periodista Samuel Rubenfeld, reveló en el noticiero Hoy Mismo que el socio de Atlanco, Luis Berkman, declaró que el exministro de Seguridad Julián Pacheco y posiblemente Juan Ramón Molina recibieron pagos a través del exbanquero Aldo Marchena.
Según Berkman, no se les entregaba el dinero directamente, sino mediante un sistema que denominó “cascada”: una estructura de comisiones del 20% que se pagaron como sobornos en el marco de los contratos de uniformes.
Esta nueva revelación apunta a que la red de corrupción no solo involucraba a intermediarios de TASA, sino también a altos mandos de la seguridad en Honduras.
La confesión de Molina, sumada a las evidencias presentadas, fortaleció la narrativa del caso y exhibió cómo la corrupción logró infiltrarse en una institución clave para la seguridad de Honduras.
Aunque el juicio se desarrolla en Miami, sus ecos golpean directamente en Tegucigalpa. El juicio contra Carl Zaglin continuará este miércoles, donde la Fiscalía busca consolidar las pruebas sobre el esquema de sobornos en Honduras.
El Tasón, creado para financiar la seguridad ciudadana, terminó siendo la puerta de entrada para un esquema de sobornos que debilitó la confianza en el Estado.
